La “Ley Lucio” obtuvo media sanción hoy por unanimidad (228 votos afirmativos) en la Cámara de Diputados. La iniciativa que busca prevenir violaciones de derechos de los niños, niñas y adolescentes establece capacitaciones obligatorias para médicos, docentes y los funcionarios del Estado que tengan contacto con la niñez. Su objetivo es detectar en forma temprana los casos de abusos, maltratos y abandono.
El proyecto está inspirado en Lucio Dupuy, el niño de cinco años que murió asesinado a golpes en La Pampa donde fueron acusadas por el crimen su madre y su pareja.
Martin Maquieyra, del PRO, contó que cuando se acercó a la familia Dupuy, tras la trágica muerte del pequeño, se encontró con una “actitud de querer hacer algo, de transformar el dolor, el horror que habían vivido, en acción”.
“Ramón -el abuelo de Lucio- me dijo: ‘Nadie me va a devolver a mi ángel, pero quiero que hagamos algo para que no le pase a nadie más, para que no lo sufra ninguna otra familia’”, dijo el legislador pampeano, uno de los autores del proyecto.
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“Necesitamos capacitarnos en los derechos y también en las alarmas y alertas tempranas que los niños pueden dar y que son indicios para que se puedan informar estos casos de abuso o maltrato infantil”, resumió. Y agregó: “Sabemos que con una ley sola no alcanza, pero algo tenemos que hacer para intentar salvar a nuestros chicos”.
Por su parte, la radical Roxana Reyes, titular de la Comisión de Familia, Mujer y Juventudes de la Cámara baja, explicó que “necesitamos docentes que puedan detectar una alerta, una mirada, un golpe, una señal, un dibujo. Necesitamos que estén capacitados todos los que trabajan con el sistema de niñez. Necesitamos una Policía, un sistema de seguridad con perspectiva de niñez, que no se deje llevar porque le digan que fue un accidente, un golpe, que se tropezó o se golpeó jugando. Todas cuestiones que un niño no se atreve a denunciar”.
La normativa establece tres nuevas herramientas que refuerzan la Ley 26.061 de “Protección integral de los derechos de las niñas, niños y adolescentes”, a saber:
- Capacitación obligatoria para los agentes del Estado que trabajan en relación a la niñez. La formación apunta a detectar indicios en las víctimas de maltrato, abuso, descuido o abandono que pueden pasar desapercibidos, como cambios de comportamiento o los dibujos que realiza. Se trata de un conjunto de contenidos mínimos en el que cada jurisdicción deberá capacitar en materia de pautas de alarma, sobre el sistema de protección de NNyA, y los protocolos de actuación.
- Reserva de identidad. Se trata de una modificación de la legislación que apunta a preservar la autoría de los denunciantes de actos de violencia. Por ejemplo, los médicos y docentes están obligados a denunciar estos hechos, pero se busca que no sufran consecuencias por ello.
- Campañas de concientización en medios de comunicación y redes sociales. La ley establece una difusión de carácter semestral de las iniciativas para informar sobre los derechos de los niños y cómo evitar las situaciones abusivas.
El caso de Dupuy conmovió a la provincia de La Pampa. El chico presuntamente fue asesinado por su madre Madgalena Espósito, y la novia de ella, Abigail Páez, en noviembre del año pasado. En la noche de la tragedia, las mujeres llevaron al niño al Hospital Evita sin signos vitales, y con muchas heridas por golpes. Las acusadas dijeron que habían sufrido un robo y que los delincuentes habían agredido al chico.
Sin embargo, la investigación reveló indicios y antecedentes de hechos de maltrato infantil contra el niño. Lucio vivía con su madre y la novia de ella por orden judicial, tras un acuerdo con Magdalena Espósito y la familia del padre que luego fue homologado por la jueza Ana Clara Pérez Ballester.
“En el caso de Lucio se vulneraron todos sus derechos. Todos hicieron la vista para el costado. Al año y tres meses que se lo llevaron, me lo trajeron muerto y todo por una inoperancia de una jueza que revocó la tenencia de mi familia”, sostuvo Ramón Dupuy, abuelo del niño.
La Cámara de Diputados aprobó hoy, con 225 afirmativos y 1 negativo, la creación del Registro Único de Deudores Alimentarios Morosos de la Nación (ReUDAM), que busca garantizar el cumplimiento de los fallos judiciales vinculados a la manutención de los hijos.
La iniciativa impulsa la creación de una base de datos nacional que permita sancionar a los padres que no cumplan con los montos que deben abonar para la manutención de sus hijos.
Al crearse una base de datos unificada y dinámica, se contará con los datos de todos los deudores alimentarios en el territorio nacional y que están inscriptos en los registros jurisdiccionales, o a solicitud de autoridad judicial competente. Así, se pretende centralizar la información para que aquella persona que tiene la custodia del menor, no tenga que hacer gestiones en todo el país para lograr las inhabilitaciones correspondientes.
Al respecto, se detalló que quienes integren el Registro no podrán acceder a determinadas acciones o trámites. Algunos de los impedimentos serán: la apertura de cuentas bancarias, otorgamiento de tarjetas de crédito, inscripciones en los registros de propiedad inmueble, renovación de licencia de conducir, renovación o expedición de pasaporte y desempeño en cargos públicos, entre otros.
Estas penalidades fueron las que generaron algunas diferencias dentro de Juntos por el Cambio. El PRO votó a favor de la norma en general pero rechazó el artículo 8 en la votación en particular.
Paula Oliveto, de la CC
Laura Rodríguez Machado, del PRO, explicó que su bloque considera que ese artículo es inconstitucional ya que “son los jueces civiles de las provincias los que establecen las sanciones”.
En la misma línea, desde el Frente de Izquierda, Romina del Pla, también pidió modificaciones respecto al impedimento de que los deudores sean beneficiarios de planes de vivienda social o contratados por el Estado. Señalaron que estas cuestiones pueden mejorar la calidad de vida de los menores y también pueden permitir tener un empleo en blaco que permita contar con ingresos para pagar la cuota alimentaria.
El artículo 8 recibió 66 votos en contra del PRO, bloques provinciales y libertarios. Sin embargo, fue aprobado con 161 votos afirmativos del Frente de Todos, la UCR, Evolución, Provincias Unidos y el Interbloque Federal.
“Hoy el Congreso está diciendo que en la Argentina cuando hay un padre o madre que incumple con su obligación de alimentar a su hijo, va a tener sanciones y consecuencias. Establecemos un orden social justo. Este registro no conmueve la moral de aquellos que cometen ese delito, pero le pone piedras a quienes no les pasan alimentos a sus hijos”, dijo Paula Oliveto, diputada nacional de la Coalición Cívica.
Por su parte, Roxana Reyes, presidenta de la Comisión de Familia, Niñez y Juventudes de la Cámara baja, remarcó que “a la vez que estamos protegiendo a la niñez estamos dando un mensaje contra la violencia de género, la violencia económica, la violencia moral a la que se expone en la mayoría de los casos a mujeres que deambulan cotidianamente por los juzgados, víctimas de la burocracia, víctimas de juicios que demoran muchísimos años para conseguir que se declare y luego que se haga efectivo su derecho”.
Reyes pidió a los jueces de cada una de las jurisdicciones que “respeten la Convención de los derechos del Niño, que abandonen el trato burocrático de los juicios de alimentos. Les estamos dando, todos los diputados de todos los bloques, una herramienta para que puedan combatir este delito, porque no pagar una cuota alimentaria es un delito”.
José Luis Espert, el único diputado que votó en contra aclaró que “traer una vida al mundo y no hacerse cargo, es impropio de alguien que se considera ser humano”. No obstante, aclaró que los diputados no están “para impartir justicia, sino para legislar”.
“Nuevamente estamos a punto de sancionar una ley que colisiona con otras, y es inconstitucional. Este proyecto de ley es de materia procesal y eso corresponde a las provincias. Las intenciones son loables, pero su naturaleza jurídica está reservada a las provincias”, aclaró.
Exención de Ganancias para trabajadores de la salud
Los diputados dieron hoy media sanción por unanimidad al proyecto de ley que beneficia a los trabajadores de la salud que realizan más de cuatro guardias por mes, para que no paguen el impuesto a las Ganancias por los ingresos que excedan ese tope. Obtuvo 223 votos afirmativos, 0 negativos y 0 abstenciones.
El proyecto fue presentado por Daniel Gollan, ex ministro de Salud nacional y bonaerense, y modifica el artículo 20 bis del impuesto a las Ganancias (Ley 20.628). Según detalló el diputado del Frente de Todos, en Argentina hay 4.600 centros de salud, que tienen internación, pero actualmente las guardias “no se están cubriendo, y es un problema sanitario de salud pública serio, que afecta a todos los sectores; todas las obras sociales son afectadas”.
En ese sentido, explicó que los profesionales de la salud comienzan a pagar el tributo al cubrir más de cuatro guardias y por lo tanto “no las quieren hacer y no se pueden cubrir”.
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Y continuó: “Hay ausentismo; los directores de los hospitales se quedan sin cubrir las guardias, nadie quiere reemplazar; aparecen prácticas de pagar en negro, algo que tampoco es nada sano, pero a veces no queda otra alternativa”.
La diputada de Evolución Danya Tavela explicó que su bloque acompañó el proyecto porque significa un “alivio fiscal” para un sector y porque permite dar respuestas a quienes tienen la responsabilidad de gestionar el sistema de salud de sus provincias y municipios, que corren riesgo de colapsar ante las licencias festivas y estivales.
Sin embargo, denunció que se trata de un nuevo “parche” que genera efectos distorsivos en el impuesto a las Ganancias en las distintas actividades económicas. “La no actualización automática del mínimo no imponible, la no actualización automática de las deducciones y la no corrección de las escalas nos llevan a este problema sistemático en todas las actividades económicas que se llevan adelante”, dijo Tavela.
“El que la quinta guardia no esté gravada en las ganancias no soluciona nada de fondo, pero es un justo alivio. Para la Coalición Cívica, el salario no tiene que tributar ganancias, y las guardias son parte del salario médico”, agregó Rubén Manzi.
El diputado oficialista Sergio Palazzo, secretario general del sindicato La Bancaria, señaló que el debate “se puso interesante” porque empezó a discutirse si el salario es o no Ganancia.
“Me parece muy bien que pongamos en discusión este punto. He escuchado diversas voces, de distintos espacios, repetir algo que quienes venimos de la militancia sindical sostuvimos siempre: el salario no es ganancia”, dijo.
“Qué bueno que ahora lo digamos, porque algunos que lo expresaron, cuando fueron gobierno, incorporaron 1.200.000 trabajadores a pagar ganancias”, denunció en referencia a la gestión de Juntos por el Cambio. Palazzo fue uno de los diputados del Frente de Todos que votó en contra de que paguen Ganancias los miembros del Poder Judicial.
Fuente infobae
