El juez de la Cámara de Apelaciones en lo Penal de Santa Fe, Fabio Mudry, ordenó recientemente dejar en libertad a Mario Bardina, el exconvicto imputado de usurpar el abandonado edificio de 9 de Julio y Suipacha. Sobre Bardina recaen antecedentes en la Justicia provincial y federal. El juez le otorgó la libertad y el cese de la prisión domiciliaria que le fue impuesta en febrero del 2021, en el inicio de la causa que encabezan las fiscales Lucila Nuzzo y Gabriela Arri.
La medida fue mediante un fallo judicial dictado el pasado 12 de octubre en el cual ordenó que Bardina sea liberado y cumpla una serie de medidas alternativas a la prisión como: la prohibición de acercamiento a menos de 500 metros de los testigos de la causa ni mantener algún contacto –tanto telefónico o red social–; y presentarse una vez por semana ante el Ministerio Público de la Acusación para demostrar que está sujeto al proceso judicial que lo tiene imputado.
La revocatoria de la prisión domiciliaria fue tras un pedido que realizó la defensa de Bardina, a cargo de Marcelo Lógica, luego de una audiencia que tuvo lugar en la Cámara y en donde el letrado argumentó que no existían nuevos elementos para que su cliente continúe privado de su libertad por la causa judicial.
El edificio fue inspeccionado por agentes policiales de la Agencia de Investigación Criminal.
“La cautelar de prisión preventiva por razones de salud del imputado, no ha sido un factor que haya sido aprovechado por Bardina para desplegar algún tipo de actividad que conllevara la afectación de las pruebas o presión hacia los posibles testigos del futuro debate”, agregó el juez Mudry, en otro tramo de la resolución a la que tuvo acceso AIRE.
La causa tuvo su inicio a partir de la presentación judicial de los propietarios del edificio que denunciaron que su propiedad fue ocupada ilegalmente por un grupo de obreros que sorpresivamente, el 26 de enero del 2021, reactivaron la obra del inmueble abandonado.
La denuncia quedó a cargo de las fiscales Nuzzo y Arri, que luego de entrevistas y cotejar documentos, ordenaron cesar con la obra y a su vez detener a Bardina y a otras cuatro personas: Cristian S. y Pablo P., quienes oficiaban como serenos en el edificio, y los abogados Gustavo R. y Cristian B.
La obra permanece parada desde hace 26 años.
Llevados a tribunales, las fiscales le atribuyeron al grupo ser integrantes de una asociación ilícita cuyo objetivo fue quedarse con el elefante dormido de 9 de Julio y Suipacha del macrocentro santafesino. Según expusieron las funcionarias judiciales en su momento, el grupo habría pretendido la obtención ilegal del edificio para así lograr un rédito económico. Tal maniobra fue a sabiendas de que el 50% del inmueble había sido adquirido por un hombre, en una subasta pública realizada en el año 2005 y el otro cincuenta, por una mujer, en el 2009.
Según la imputación, Bardina le habría vendido el 13 de julio del 2018 –por medio de un boleto de compraventa inválido– dos unidades habitacionales a los abogados Gustavo R. y Cristian B. La misma maniobra realizó para quedarse, él mismo, con otra serie de unidades dentro del edificio. Tales operaciones posibilitaron a los abogados involucrados iniciar un juicio de escrituración, en el Juzgado Civil y Comercial de la Segunda Nominación de Santa Fe, contra los primeros dueños del edificio. En tal demanda, tanto Bardina como los letrados aseguraron ser los propietarios del inmueble con el objetivo de “inducir al error al juez que atendió el pleito judicial” y lograr obtener el título propietario.
Fuente: Diario Uno
