El director del organismo, Claudio Lozano, dio precisiones a La Capital sobre el escrito presentado al juez del concurso Fabián Lorenzini.
Vicentin intenta contrarreloj lograr el apoyo de los bancos extranjeros a su último plan.
El Banco Nación (BNA) rechazó la última propuesta que realizó la empresa Vicentin ante el juez del concurso por considerarla “inviable y “abusiva”, tanto por “el nivel de quita que propone a los acreedores», como por el hecho de que con la misma lo que se hace es «desguazar la compañía destruyendo los activos que no le interesan al nuevo grupo inversor”.
Así lo confirmó a La Capital el director del BNA, Claudio Lozano, quien confirmó que la entidad presentó formalmente un escrito al juez del concurso Fabián Lorenzini en donde se señalan estas cuestiones.
Lozano también detalló que desde el BNA buscan abrirle la puerta a la propuesta del cram down o salvataje, por considerarla “superadora” y una instancia donde “el Estado junto con otros actores privados pueden trabajar en un plan que evite la extranjerización y el desguace de Vicentin”. Por eso, indicó: “Vamos a trabajar en esa dirección”.
La decisión del BNA formalizó lo que habían expresado los representantes de la entidad estatal en la última audiencia con Lorenzini, de la que participó la empresa y en la cual en duros términos se refirieron a la última propuesta de Vicentin. “Son unos desfachatados, la propuesta no es viable”, expresaron en esa oportunidad los representantes del BNA, según fuentes que participaron del encuentro y además le adelantaron al juez que si Vicentin no cumplía con el pago del crédito de privilegio de u$s 225 millones el banco estaba en condiciones de exigir la quiebra.
Lozano explicó que esto técnicamente es así, pero la intención del BNA “no es quebrar la compañía” sino “abrirle la puerta al cram dow”. Aunque aclaró que a priori van a “impugnar” la propuesta presentada recientemente por la empresa.
La movida formal se concretó con un escrito elevado al magistrado de Reconquista en la cual el BNA considera “inviable y vacía contenido sanatorio” a la última propuesta de Vicentin y señala que la misma “muestra un indiscriminado menosprecio respecto del colectivo de acreedores y hacia las normas vigentes».
La decisión del BNA busca poner un freno al avance de Vicentin que contrarreloj intenta lograr el apoyo de los bancos extranjeros a su último plan y de esa manera evitar cualquier otra estrategia como el salvataje o la quiebra. Corre con tiempo de descuento porque el 31 de marzo vence el período de exclusividad en el marco del concurso.
Ante esto, la comisión de seguimiento de la Legislatura provincial manifestó su “preocupación” por esta actitud de la compañía y reclamó en forma urgente una audiencia con el juez Lorenzini. Según confirmaron los legisladores que la integran, este cuerpo -por caso la única instancia estatal que queda en pie en este proceso- viajará el miércoles de la semana próxima para pedirle al magistrado “información clara” sobre el proceso.
También cuestionaron la “reticencia” del magistrado, una actitud que no había tenido en otras oportunidades, para recibirlos.
Por otra parte, el director del BNA fundamentó el rechazo. Señaló que entre otras cuestiones la empresa pretende quitarle las actuales garantías que el Nación tiene como acreedor de privilegio que son activos claves de la empresa como las plantas procesadores de granos del Gran Rosario en cambio reemplazarlas por las «utilidades» de la de bioetanol, una de las operaciones de las cuales el grupo inversor se quiere desprender. «Nos quieren dejar eso como garantía, que es lo que quedaría en forma residual en manos de quienes hoy manejan Vicentin», detalló.
Además porque la empresa se desprenderá de sus acciones de Renova, en favor de Glencore «lo que acentúa la extranjerización»‘ dijo Lozano.
Luego de presentar una nueva oferta de pago que fue aceptada por el juez del concurso para su análisis y tras una contrapropuesta de cram down lanzada por un grupo de acreedores granarios y la venia del BNA, la empresa convocó a una asamblea de accionistas el 11 de marzo próximo con la intención de ratificar su último plan de pago.
Todo esto ocurre en el mismo momento en que se cumplen 120 días del cierre del ejercicio anual 2021 -que se dio el 31 de octubre último- fecha en la cual la agroexportadora deberá presentar el estado de sus balances. “Salvo que se produzca antes un acuerdo con los acreedores cuya capitalización parcial de deuda aporte fondos, la empresa continúa con patrimonio negativo”, indicó el representante legal de un grupo de acreedores granarios, Gustavo Feldman.
El letrado recordó que la ley de sociedades establece la disolución de la empresa ante una situación de estas características y por tanto, consideró clave exigir al juez del concurso, Fabián Lorenzini, que le solicite a Vicentin presentar su balance antes de realizar una propuesta formal a sus acreedores, de manera de que éstos conozcan fehacientemente cuánto vale la compañía.
La Memoria y Balance del ejercicio anterior correspondiente a 2020 que se presentó en marzo del año 2021, arrojó un resultado negativo de $15.194.153.602, mientras que la pérdida del patrimonio neto fue superior a los $39 mil millones.
En el último año, la compañía trabajó con contratos a fasón para seguir manteniendo operativas sus plantas. Así lo hizo con la autorización el juez y de la sindicatura y el seguimiento del Sindicato de Obreros y Empleados Aceiteros (Soea) que fue monitoreando la actividad en las industrias ubicadas en San Lorenzo y Ricardone.
Entre las empresas con las que operaba Vicentin contratos a fason figura la del grupo Olio, Díaz & Forti, que el año pasado fue suspendida por el Banco Central y embargada por por u$s 3100 millones acusada de no liquidar u$s 312 millones en divisas de sus exportaciones.
Sin datos certeros sobre los números de su balance, el actual directorio de Vicentin insiste con ratificar los términos de su última propuesta de principios de febrero en la cual ofrecía ceder el 95% del capital accionario y proponía pagarle la totalidad de las deudas a los acreedores quirografarios por un monto de u$s 30 mil y ceder el saldo de esas deudas a “un fideicomiso de administración para su inmediata capitalización por el fiduciario” reduciendo así la participación accionaria de los actuales socios a un 5%”.
La semana pasada, un grupo de acreedores que se presentaron bajo el nombre de “Fideicomiso de Acreedores”, rechazó esa iniciativa de Vicentin por considerarla “engañosa e ilegal” y plantearon un plan de salvataje o cram down.
Frente a esto, la agroexportadora y las tres compañías que buscan quedarse con ella: Asociación de Cooperativas Argentinas (ACA), Molinos Agro SA y Viterra Argentina SA (del grupo Glencore), minimizaron esta oferta.
En tanto, los trabajadores que continúan trabajando en las plantas del cordón industrial del Gran Rosario están en vilo por la situación, fundamentalmente porque lo hacen con empresas que tienen contratos a fasón.
Según publicó el periódico El Pregón, el secretario general del SOEA, Pablo Reguera, en medio de la campaña y de cara a las elecciones en el sindicato que se realizarán el próximo 10 de marzo, alertó por esta situación. Advirtió que los trabajadores de Vicentin podrían estar en una situación similar a los de Buyatti, quienes fueron despedidos. “Estoy trabajando fuertísimo a todos los niveles, no quiero que nos agarre el 30 de marzo diciendo que no puede seguir Vicentín en marcha porque desgraciadamente no tiene materia prima o no se llegó a un acuerdo. Eso es lo que uno le está advirtiendo al gobierno. Que aseguremos los puestos de trabajo y después en lo económico seguramente le van a encontrar la vuelta. Pero lo que no puede pasar es dejar a la gente sin trabajo”, dijo Reguera.
En tanto, la comisión legislativa de seguimiento también busca conocer cuál será el destino de los trabajadores de las empresas del grupo que estarían fuera del interés del grupo inversor que conforman ACA, Molinos y Viterra.
El legislador Carlos del Frade señaló que los trabajadores de las plantas de Avellaneda y Reconquista, dos localidades que fueron protagonistas del reclamo por la no estatización bajo el lema «Todos somos Vicentin», no tienen certeza sobre el destino de sus fuentes de trabajo con esta última propuesta del grupo
«Queremos que el juez nos de una explicación y aporte claridad frente a esta representación mediática y teatral que hacen grupos minoritarios que tienen poco interés en recuperar la compañía y los puestos de trabajo» dijo el legislador.
