La ministra de Salud Carla Vizzotti volvió esta semana a minimizar el escándalo, tratando de circunscribirlo al vacunatorio del 18 de febrero. Pero los casos se multiplican por todo el país
“Fue una situación puntual de un día, de 10 personas”, lanzó esta semana la ministra de Salud Carla Vizzotti para intentar bajarle el tono al escándalo de los vacunados VIP, un sistema que sigue sumando “adeptos” en todo el país por la falta de controles. En realidad, la funcionaria se refería al vacunatorio que le costó la cabeza a Ginés González García. Pero los inmunizados que saltean el cronograma se repiten, casi todos los días, en distintas jurisdicciones. En Avellaneda, donde estalló el escándalo de la becaria de 18 años, hay un nuevo caso: un puntero de Villa Corina que suele retratarse junto al ex intendente Jorge Ferraresi.
Daniel Ferrer, de 43 años, publicó las fotos de su vacunación en su redes sociales, con la primer dosis y luego con la segunda. Una suerte de pulsión por mostrar un privilegio.
En las redes, el militante y presidente del club Pichocho, donde se hacen decenas de campañas benéficas, suele publicar fotos con dirigentes políticos como el gobernador Axel Kicillof, el ex intendente y actual ministro Jorge Ferraresi, y hasta con el presidente Alberto Fernández. También se retrató varias veces junto al actual jefe comunal de Avellaneda, Alejo Chornobroff, aunque reporta a la agrupación Barrios de Pie.
El caso de Ferrer se suma a la becaria de 18 años Stefania Desirée Purita Díaz, que fue echada de la Municipalidad de Avellaneda a partir de una foto en las redes sociales. La decisión la tomó la esposa de Ferraresi y actual jefa de gabinete del municipio, Magdalena Sierra.
La joven había trabajado en la Subdirección de Ceremonial y Protocolo, bajo la órbita de Juan Alba Musich, cuñado del ministro de Hábitat, y luego reportaba a la Secretaría de Educación.
La joven, militante de la Agrupación Eva Perón, terminó desfilando por los medios para repetir que no tenía un vínculo especial con Ferraresi y que se había anotado para “cuidar” a sus familiares. Nunca pudo explicar por qué se vacunó si no integraba ningún grupo de riesgo ni tenía enfermedades preexistentes.
En varias de esas entrevistas, le preguntaron si había otros militantes vacunados. Su respuesta siempre fue evasiva.
Los primeros “vacunados VIP” aparecieron en Santa Cruz, la provincia gobernada por los Kirchner en las últimas tres décadas. El intendente de la localidad de Comandante Luis Piedrabuena Federico Bodlovic se inoculó con la Sputnik V. También lo hizo su mujer, su padre (José Bodlovic), el presidente del Concejo Deliberante César Alarcón, y hasta el chofer del Municipio.
Para ese entonces, Santa Cruz apenas había aplicado 5995 dosis sobre un universo de 124 mil personas.
Bodlovic se refugió en el silencio y fue protegido por el Frente de Todos. Recién hace dos semanas ensayó una disculpa pública. “Venimos trabajando nosotros desde el día 1 de la pandemia, sin preguntar ni pedir ni exigir, cuando comenzó esta pandemia no sabíamos que iba a existir una vacuna. ¿Qué quiero decir con esto? Que nosotros venimos trabajando desde el 17 de marzo sin poner sobre la mesa el riesgo que corríamos día a día con nuestro trabajo en la pandemia”, se justificó Bodlovic durante su discurso.
Lo mismo ocurrió con el diputado nacional por Santa Cruz Juan Benedicto Vázquez, quien mintió para vacunarse y nunca renunció. En los registros oficiales apareció como parte del grupo de “18 a 59 años con factores de riesgo”, tal como reveló Infobae el 17 de febrero, 24 horas antes que el periodista Horacio Verbitsky destapara el escándalo del “vacunatorio VIP” en el Ministerio de Salud de la Nación.
Vázquez reapareció el sábado pasado en la sesión por el impuestos a las Ganancias y hasta votó en contra de un pedido de investigación de la oposición sobre los casos de funcionarios y familiares que accedieron a la vacuna.
Se estima que sólo entre los distritos de Piedrabuena y Gobernador Gregores, donde fue intendente Vázquez, al menos 20 personas se inocularon saltando el reglamento.
El 18 de febrero fue el día del vacunatorio VIP montado en las oficinas del Ministerio de Salud. Con las dosis enviadas desde el Hospital Posadas se vacunaron el periodista Horacio Verbitsky y los legisladores oficialistas Jorge Taiana y Eduardo Valdés, entre otros.
En la causa judicial, a cargo de la jueza María Eugenia Capuchetti y el fiscal Eduardo Taiano, hasta ahora fueron imputados el ex ministro de Salud Ginés González García; su ex jefe de Gabinete, Lisandro Bonelli; su ex secretario privado Marcelo Guillé; y Alejandro Collia, subsecretario de subsecretario de Gestión de Servicios e Institutos.
La Justicia todavía no cuenta con el listado definitivo de los vacunados. De hecho, ayer Infobae reveló el caso de una funcionaria de Salud, Patricia Spinelli, que se vacunó con las dos dosis y no figura en el listado de 70 personas.
Hasta ahora solo fueron citados a declarar los testigos. En ese rol, la escritora Beatriz Sarlo afirmó el 10 de marzo que el ofrecimiento para que se aplicara la vacuna Sputnik V fue realizado por Soledad Quereilhac, la esposa del gobernador bonaerense Axel Kicillof. “El ofrecimiento fue a fines de enero por intermedio de mi editor de Siglo XXI, Carlos Díaz. Por lo que yo entendí, desde provincia de Buenos Aires estaban vacunando para lograr fotos que persuadieran a la gente. En ese momento todavía había cierta duda de la efectividad de la vacuna”, sostuvo Sarlo ante el fiscal y la jueza.
El hecho provocó una dura ofensiva del gobernador bonaerense, que judicializó el conflicto con la ensayista. “Intercambiamos misivas de amor, vía judicial”, ironizó Sarlo esta semana en una entrevista con Luis Novaresio.
El expediente judicial acaba de sumar otro episodio irregular denunciado por la diputada Graciela Ocaña. Se trata del supuesto envío de dosis de la Sputnik V al hospital de El Calafate en un avión de Aerolíneas Argentinas. El hecho, ocurrido el 23 de enero, fue confirmado por el Ministerio de Salud aunque la versión oficial habla de un “intercambio” habitual de 10 dosis, muy lejos de las 60 mencionadas por Ocaña.
“Si las dosis salieron efectivamente del Posadas (como dice la denuncia), el caso va a seguir en el expediente principal”, explicó a Infobae una fuente judicial.
Para investigar cómo fue el procedimiento, el fiscal Taiano solicitó la declaración testimonial del director del Hospital Posadas, Alberto Maceira, y del jefe de Monitoreo, Gustavo Bahut, mencionado por Ocaña. El fiscal también quiere saber si la Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA) recibió alguna orden para demorar el vuelo de Aerolíneas Argentinas hacia El Calafate.
También está en manos de la Justicia el “vacunatorio VIP” que funcionó en el hospital de San Nicolás, la ciudad donde vive la familia de Ginés González García. Pese al ruido mediático, la investigación no habría tenido grandes avances en las últimas semanas. “Los involucrados tienen mucha llegada a la Justicia local”, se lamentó un dirigente local.
Ese vacunatorio era controlado por La Cámpora, aunque también tenía injerencia el sobrino de Ginés, Lisandro Bonelli. La agrupación que lidera Máximo Kirchner eligió a las autoridades del hospital: Pablo Gavazza, el director médico; Mauricio Campanella, subdirector; y Brenda Nusiari, una representante directa de la agrupación K. En todo ese proceso, hubo una figura clave: Cecilia Comerio (38), ex senadora provincial en representación de la segunda sección electoral y actual administradora del puerto de San Nicolás.
En la lista de vacunados VIP de San Nicolás figuran periodistas locales, sindicalistas y hasta concejales. Uno de los que salió a confirmar que se había vacunado fue Pablo Humberto González, ahijado de Ginés González García. “Estuve a punto de morirme de covid-19, la pasé muy mal. Me anoté en el registro de 9 de enero, como todo el mundo, no falseé nada, no me puse como grupo de riesgo, tampoco soy (Carlos) Zannini que se puso como personal de salud”, trató de justificarse.
Bonelli tuvo que renunciar por el escándalo del vacunatorio en el Ministerio de Salud de la Nación y ahora pretende recuperar su banca en la Cámara de Diputados de la Provincia. Antes de irse, el sobrino de Ginés logró que se vacunaran sus amigos de San Nicolás. En ese grupo selecto figuran Martín Sabignoso, que estaba a cargo de la Secretaría de Equidad del Ministerio, Facundo Dinoto, del área de automotores, y el secretario Marcelo Guille.
Los tres aparecieron en el listado de 70 personas que se publicó el Ministerio de Salud el 22 de febrero, luego de la asunción de Carla Vizzotti.
El procurador del Tesoro, Carlos Zannini, también se vacunó antes de lo previsto en el cronograma nacional. El dirigente, de 66 años, cercano a la vicepresidenta Cristina Kirchner, se inoculó el 22 de enero en el Posadas y fue anotado como personal de salud, según registros del Sistema Integrado de Información Sanitaria Argentino, SISA.
El caso de Zannini fue uno de los que más justificó Vizzotti en distintas entrevistas. “Zannini es un funcionario público de alto rango, de la administración pública nacional, si tiene un problema de salud, es un problema para el Estado”, dijo.
La ministra sigue insistiendo que el escándalo de los vacunados VIP fue algo “excepcional”. “Cuando la población escucha ‘vacunatorio VIP’ piensa que había todos los días turnos dados para gente que se vaya a vacunar en el Ministerio de Salud. Fue una situación puntual de diez personas”, dijo el miércoles en el programa A Dos Voces.
De hecho, sigue respaldando en público a Alejandro Costa, el encargado del delivery de vacunas para la familia Duhalde que acaba de ser ascendido a la Subsecretaría de Calidad, Regulación y Fiscalización. “Cumplió una orden”, suele repetir.
La provincia de Buenos Aires tuvo decenas de “vacunados VIP”, muchos de ellos militantes, pero los privilegios se expandieron por todo el país. En Gualeguaychú, el escándalo también quedó en manos de la Justicia. El intendente Martín Esteban Piaggio definió un criterio amplio de salud. Bajo este paraguas incluyó, además del personal de salud a funcionarios y empleados de las áreas de Género y Diversidad Sexual. Se estima que de esa manera se vacunaron unas 200 personas.
En Santa Fe, el gobernador Omar Perotti inició una investigación en las últimas horas para determinar si se vacunaron de manera irregular un centenar de empleados del Ministerio de Cultura. Un ejemplo más de una práctica que sigue dinamitando la credibilidad en el sistema de salud.
