El diputado nacional Leopoldo Moreau (Frente de Todos) es una de las voces más comprometidas en la estrategia kirchnerista contra la Corte Suprema, que tiene su campo de batalla, ahora, en la Comisión de Juicio Político. De pasado radical, combina con singular facilidad el elogio fervoroso a Raúl Alfonsín y, al mismo tiempo, a Cristina Kirchner. Desde ese lugar dice que la vicepresidenta tiene que competir para volver a la primera magistratura y le desconoce al actual gobierno el apellido K.
En una extensa entrevista realizada en su despacho del edificio anexo del Congreso Nacional, Moreau habló sobre los 40 años de la democracia, hizo un balance de la gestión que empezó el 10 de diciembre de 2019 y señaló cuál fue, a su juicio, el error que selló la suerte de la administración que preside Alberto Fernández: No haberle dicho al FMI “no vamos a continuar con los pagos”.
Más allá de los ministerios ocupados por dirigentes de su confianza y de ser los responsables de gestionar las principales “cajas” y presupuestos, Leopoldo Moreau afirma: “Este no es el gobierno del kirchnerismo, claramente, es un gobierno de transición… La sociedad tiene muy claro que este no es el gobierno de Cristina”.
Leopoldo Moreau: “Si Milei gana las elecciones, en tres semanas choca la Argentina y la hace volar por los aires”
Pero también apuntó contra Javier Milei, al que identificó como uno de los riesgos a los que se enfrenta el sistema político. Embistió contra los jueces del máximo tribunal y advirtió que el dictamen para hacerle juicio político a los cuatro magistrados tendrá una vigencia de tres años. Reconoció que espera que, en ese lapso, cambie “la correlación de fuerzas”.
Además, sorprendió con una frase polémica sobre la causa que investiga como un homicidio la muerte del fiscal de la caso AMIA, Alberto Nisman. “Se suicidó”, dijo el diputado, que inscribió la controversia en la denominada “guerra judicial” o lawfare.
18 definiciones destacadas de Moreau
1- “Este no es el gobierno del kirchnerismo, claramente, es un gobierno de transición”.
2- “La sociedad tiene muy claro que este no es el gobierno de Cristina, por eso es la dirigente que mejor mide individualmente, respecto a Alberto Fernández y a cualquier candidato de cualquier fuerza política”.
3- “La sociedad no le adjudica responsabilidad a Cristina Kirchner sobre este presente. La gente ha separado la responsabilidad del gobierno propiamente dicho, de Cristina”.
4- “Están apareciendo riesgos de desembocar en alternativas que nos pueden llevar a una crisis institucional profunda. Si Milei ganara la elección, sería un gobierno que en tres semanas choca la Argentina y la hace volar por el aire”.
Leopoldo Moreau defendió el juicio político a la Corte y dijo que «Nisman se suicidó».
5- “Antes de que Cristina Kirchner dejara el gobierno el partido judicial entró en acción, llegando a la aberración de fabricar un homicidio que no existió, como es el caso de Alberto Nisman. Lo inventaron: Nisman se suicidó”.
6- “Alberto Fernández está en la última etapa de una gestión de gobierno y su rol debería ser acompañar las decisiones que se toman dentro del Frente de Todos. Tiene todo el derecho a ser candidato y competir en una PASO. Pero no lo veo”.
7- “Hasta el último minuto de la definición, que llegará el momento en que haya que cerrar las listas, voy a seguir insistiendo que Cristina Kirchner tiene que ser candidata a presidenta”.
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8- “El Poder Judicial de hoy es un cascarón que mantiene la apariencia de ser uno de los poderes de la República y no lo es. Y sí golpean la puerta de la Casa de Gobierno, sí golpean la puerta de este Congreso con sentencias”.
9- “El dictamen de la Comisión de Juicio Político tendrá una vigencia de tres años. Tres años en los que pueden ocurrir muchas cosas en términos de correlación de fuerzas, cambios de la composición del Parlamento. Hoy no tenemos los números para aprobarlo, pero el dictamen seguirá vigente”.
10- “La Justicia tiene una espada de Damócles permanente sobre la democracia”
11- “La condena a Cristina Kirchner por corrupción es una sentencia falaz. El procedimiento es nulo de nulidad absoluta, por eso la inhabilitación busca ejercitar una proscripción”.
12- “En 2019, al FMI había que decirle ‘no vamos a continuar con los pagos’ hasta que no se llegara a un acuerdo conveniente para la Argentina”.
13- “Estamos sin reservas porque continuaron los pagos al FMI, les dieron a las empresas divisas para pagar su deuda externa, y hubo, como dijo Cristina, un festival de importaciones con medidas judiciales. Hubo superávit comercial de USD 30.000 millones pero quedamos a merced de la extorsión y la especulación”.
14- “Hay una fuerte violencia, simbólica y material, que se expresó entre otras cosas en su más alto nivel en el intento de asesinato de Cristina”.
15- “Si gana la oposición, vamos a resistir como siempre resistió el pueblo frente a proyectos que pretendían avasallar sus derechos: en la calle y con los recursos que brinda la democracia”.
16- “Paradójica y lamentablemente estamos transitando 40 años de democracia y a la vez está estallando el sistema político, que está separándose de su empatía y su relación con la gente, por la enorme frustración que vive al no ver satisfechas sus expectativas en ningún sentido”.
17- “El pacto democrático de 1983 entra en crisis a partir del 2015. El gobierno de Macri rompió ese pacto y no lo planteo desde un punto faccioso o partidario”.
18- “A Alfonsín seguramente lo tendría más que preocupado el discurso del odio, la violencia simbólica y también la violencia material”.
- Hablemos del juicio político a la Corte que inició el Frente de Todos. Le pido que nos explique por favor la razón de este proceso y el objetivo.
Es una decisión que tenía que llegar más temprano que tarde. Yo hubiera preferido que llegara más temprano, que se iniciara apenas asumió el gobierno en el 2019. ¿Por qué lo digo? No porque tengamos un espíritu de revancha con respecto al Poder Judicial o porque pretendamos -como a veces los medios hegemónicos lo quieren presentar- un ataque al poder judicial, sino porque el Poder Judicial vino sufriendo un proceso de degradación propio de un poder corporativo que asumió un rol que no le corresponde en el sistema republicano.
La historia argentina muestra que cada vez que las mayorías populares pugnan por reclamar o ampliar sus derechos se encuentran con una respuesta violenta de los grupos minoritarios que pretenden defender sus privilegios. Esas respuestas violentas tuvieron a lo largo de la historia distintas formas de manifestarse. Persecución política, proscripciones -tanto al peronismo, como antes al yrigoyenismo-, durante la década del 30 el “fraude patriótico” y los golpes de Estado que producían, intermitentemente, interrupciones de los procesos de constitucionales, que duraban apenas dos años.
La lucha de los pueblos, de las sociedades, la evolución del mundo, terminaron imponiendo la democracia como sistema político, pero estas minorías lo aceptaron a regañadientes y siguen sintiéndose incómodas con la democracia, porque la democracia siempre es una plataforma que permite la ampliación de derechos, genera una mirada crítica sobre las sociedades y facilita el pluralismo de ideas. Estos grupos dominantes eso lo sienten como un ataque a su predominio y, entonces, apareció en el continente como forma alternativa de reaccionar lo que se llama la guerra judicial contra la política. Traducido al inglés, el lawfare.
En Argentina esto fue apropiado rápidamente por los grupos dominantes, los medios hegemónicos y el Poder Judicial. El Poder Judicial pasó a ocupar un lugar preponderante, porque precisamente se trataba de la guerra judicial contra la política. Entonces pasó de ser “Poder Judicial” a ser “partido judicial”. Estamos siempre hablando por supuesto de las más altas jerarquías, no estamos hablando de todos los jueces de la República, ni de los juzgados inferiores. Asumieron ese papel de “partido judicial”, que vino a sustituir el rol que, en el pasado, jugaba el partido militar.
Como toda corporación que se pretende imponer sobre el resto de los poderes del Estado y que encuentra impunidad en el blindaje mediático y el respaldo que le brindan los grupos económicos concentrados, degeneró en una mafia. Una mafia que lleva adelante sentencias facciosas y partidistas alejadas del derecho vigente; que manipula causas, como quedó de manifiesto en los diálogos de la banda de Lago Escondido que integraban un grupo de jueces y camaristas, que nos mostraron lo peor de esta degradación, que es no solamente haber cometido el delito de aceptar una dádiva, sino reunirse a dialogar sobre cómo iban a tapar ese delito con delitos aún más graves, en boca de jueces, camaristas y de fiscales.
Las fuerzas del privilegio le dieron un papel importante al Poder Judicial para que haga lo que hacía antes el partido militar: que persiga, proscriba, incluso si es necesario, que suspenda el régimen republicano arrogándose facultades que son propias de los otros dos poderes, del Poder Legislativo y del Poder Ejecutivo, pero que además tienen en el caso de Poder Legislativo y el Poder Ejecutivo el respaldo de la soberanía popular.
- Déjeme hacer un punto ahí. Comparar a militares con el Poder Judicial tiene una dificultad en que los militares golpistas se levantaban contra las instituciones. El Poder Judicial es parte de las instituciones y emite fallos cumpliendo funciones que les son propias. Los jueces no están yendo a la Casa Rosada a pegarle una patada en la puerta al presidente. Cumplen su función y aplican códigos y leyes.
No siempre. En algunos casos sí, pero haciendo una interpretación torcida de esos códigos o de ese derecho vigente. Por ejemplo, se trafican o se negocian sentencias, como también quedó en evidencia no solamente en los chats, donde la mano derecha del presidente de la Corte negocia con el representante de una fuerza política la ley del nuevo Consejo de la Magistratura o de la Coparticipación.
- ¿De quién estamos hablando?
De Silvio Robles. Además, se dan interpretaciones absolutamente caprichosas, como fue en su momento la “doctrina Irurzun”, que señalaba que las prisiones preventivas estaban justificadas si uno había sido funcionario del gobierno anterior, porque tenía “poder residual”.
Es una interpretación absolutamente inconstitucional, que pasa por encima de los códigos y de principios básicos de la Constitución, como el principio de inocencia. Y acá pongo un ejemplo concreto con lo que decidió el tribunal que condenó a Cristina Fernández de Kirchner, con una sentencia que estaba escrita de antemano y que no tiene nada que ver con la realidad jurídica.
En los fundamentos que expresó el fallo de 1.600 páginas, entre otras cosas, decidió enviar a los abogados defensores, el doctor Alberto Berardi y Maximiliano Rusconi, al Tribunal de Ética del Colegio Público de Abogados, diciendo que durante el juicio tuvieron expresiones temerarias. Y enumeró las expresiones temerarias: que se refirieron al lawfer, a lo que hablábamos recién de la guerra judicial, se refirieron a la persecución política. Una barbaridad.
Ahora, es una barbaridad que hay que interpretarla en este sentido: lo envían a un Colegio Público de Abogados donde el que ganó la conducción es la lista de Cambiemos, encabezada por Ricardo Gil Lavedra, quien a su vez tiene pendiente una resolución de la Corte, en el juicio de Santa Fe, de regulación de sus honorarios, cercana a los 5.000 millones de pesos.
El Poder Judicial de hoy es un cascarón que mantiene la apariencia de ser uno de los poderes de la República y no lo es. Y sí golpean la puerta de la Casa de Gobierno y sí golpean la puerta de este Congreso, con sentencias.
Hay otra sentencia que fue una aberración jurídica y seguro que en el mundo occidental nunca en materia de derecho se produjo algo igual. En el caso del Consejo de la Magistratura restituyeron después de 15 años -escúcheme bien: 15 años de vigencia de una ley- otra ley que había sido derogada por el Parlamento. Un disparate, porque el único que puede restituir una ley es el Parlamento, es su exclusiva responsabilidad. Un fallo judicial no puede revivir, resucitar, una ley derogada por el Parlamento. Pero lo hicieron y ese es un dato concreto de que no solamente vinieron a golpear las puertas del Congreso: entraron y se arrogaron facultades legislativas que el Poder Judicial no tiene.
O se arrogan otra facultades, por ejemplo en acordadas, porque las acordadas son resoluciones de la cabeza del Poder Judicial que ordenan administrativamente su funcionamiento, pero no pueden ser sustitutivas de sentencias. Una acordada no es una sentencia. Sin embargo, usaron acordadas para entrometerse en juicios que ni siquiera habían llegado al conocimiento de la Corte, porque estaban en primera instancia. Barrieron con todos los principios constitucionales. Eso los deslegitimó como poder de la República.
- Le pregunto, diputado, ¿para qué se abre un proceso de juicio político que no cuenta con una mayoría en el pleno de la Cámara para ser aprobado? ¿Qué traducción práctica tiene un juicio político que no será aprobado?
Va a tener una traducción práctica porque ya puso en la agenda pública una discusión que existía, pero en sordina. Lo peor que uno le puede hacer a una mafia es exhibirla, sacarla del anonimato, mostrar cómo funciona. Esto es aquí y en cualquier lugar del mundo. En segundo lugar, hay que tomar en cuenta que el dictamen que tenga la Comisión, en el supuesto de que se decida acusar -cosa que todavía no está resuelta aunque probablemente se llegará al final del camino-, ese dictamen tendrá una vigencia de tres años. Tres años de vigencia. En tres años pueden ocurrir muchas cosas en términos de correlación de fuerzas, cambios de la composición del Parlamento, etcétera.
Se dijo cuando iniciamos el juicio político que no se iniciaría porque los diputados de Sergio Massa no iban a acompañar o porque tal o cual diputado de un gobernador o de una provincia no iba a estar. El juicio político se inició y cuando se empezó dijeron iba a ser un circo, un show, pero está transitando hoy todos los caminos que marca el artículo 53 de la Constitución.
Acá hay que tener presente que no hay ningún ataque al Poder Judicial. El Congreso y, concretamente, la Cámara de Diputados y Senadores, son los jueces naturales de la Corte Suprema de Justicia. Por encima de la Corte Suprema de Justicia no hay otra cosa, es este Congreso y aquí están los jueces naturales, a través del artículo 53 de la Constitución, que establece el mecanismo de juicio político. Esos pasos se cumplieron y llegamos a la etapa de producción de pruebas, que era a lo que ellos no querían. Y cuando digo “ellos” me refiero a este Poder Judicial y a las más altas jerarquías y a quienes los sostienen, que son los grupos económicos y los medios hegemónicos.
En esta etapa, precisamente, están saliendo a la luz las irregularidades en el manejo de la Obra Social de la Justicia. Son controversias que aparecieron en el seno de la propia Corte, con el secretario administrativo (Héctor Daniel Marchi) recusando a las cuatro miembros de la Corte. Con Ricardo Lorenzetti y Juan Carlos Maqueda cruzándose notas. No hubiera ocurrido, sin el juicio político.
- Me llamó la atención y me alarmó que diga que el dictamen del juicio político va a estar tres años vigente, como una espada de Damócles arriba de la cabeza de los jueces.
Puede estar tres años o puede no estarlo. Si se vota en la Cámara de Diputados, se llevará adelante la acusación y se presentará formalmente en el Senado, que tiene la última palabra porque actúa como tribunal…
- Pero los números no los tienen.
No los tenemos. Entonces estará vigente el tiempo que no lo tengamos. Por eso digo…
- ¿Pero no va a ser ese dictamen la espada de Damócles arriba de la cabeza de los jueces?
No. ¿Por qué va a haber una espada de Damócles? Con el mismo criterio, uno podría decir que la Justicia tiene una espada de Damócles permanente sobre la democracia.
- ¿Siente o cree eso?
Es en alguna medida lo que viene ocurriendo en este último tiempo. Porque esto no es una cuestión que viene ocurriendo el último mes, la última semana o el último año. Esta guerra judicial contra la política se inició hace mucho tiempo atrás.
Fuente: Infobae
