La defensa de Mario Daniel Bardina solicitó su libertad en la causa en la que está imputado como jefe de una asociación ilícita y coautor de la usurpación de un emblemático edificio abandonado, ubicado en la esquina noroeste de Suipacha y 9 de Julio.
El juez Luis Octavio Silva rechazó el pedido de revisión de la prisión preventiva en la que se encuentra Bardina, que lleva un año y medio privado de su libertad de manera domiciliaria, debido a cuestiones de salud. Además, señaló que la investigación de las fiscales Lucila Nuzzo y Gabriela Arri no ha tenido tiempos muertos.
Durante la audiencia, que se llevó a cabo el miércoles al mediodía, los defensores Juan Marcelo y Melisa Logica plantearon que la cuestión de fondo debe ser resuelta por la Justicia Civil. En esa línea, Bardina vociferó «no quisiera estar en su pellejo» al magistrado, tras sostener que no era un juez penal quien debería intervenir en la causa; también trató de «mentirosas» a las funcionarias del MPA y «suplicó» que lo mandaran al penal, pero sus representantes se negaron a realizar el pedido formal.
Inmediata libertad
«Hace un año y medio que está en prisión preventiva, la cual claramente ya no se justifica, no solamente por una cuestión de tiempo -sino porque- no existe dato objetivo alguno brindado por la fiscalía para sostenerla», señaló la defensa al momento de solicitar la libertad bajo restricciones. Su situación «ha excedido la cautelar, ya volviéndose una prisión sin condena o un adelanto de pena», por lo que para ellos se están violando los «derechos y libertades individuales de Bardina».
«La fiscalía dice que nosotros creemos que esta es una causa civil. Si, es una causa civil. Estamos hablando de una usurpación, de títulos de propiedad y de actas de remates que están duplicadas con respecto a las titularidades sobre un mismo inmueble», expusieron. «La fiscalía se arroga la capacidad de determinar quién es víctima y quién victimario», cuando ello corresponde al «Registro de la Propiedad Inmueble o eventualmente a un juez civil».
«Usted está para penar, para determinar delito, pero no para decir quién es dueño de un inmueble y quién no» le dijo el abogado al juez Silva. «Esta es la discusión de fondo, porque si usted me condena penalmente y después civilmente demuestro que soy el dueño legal, ¿entonces en qué quedamos?», ejemplificó.
Además, recordó que su cliente «siempre ha estado a derecho» en la múltiples causas por las que ha sido investigado -en algunas condenado-, señaló que está «en condiciones de brindar cauciones reales» y solicitó la inmediata libertad.
Más delitos
A su turno, las fiscales Nuzzo y Arri recordaron que la defensa «no ha cuestionado la autoría, la participación, la pena en expectativa -de 5 a 17 años-, ni mucho menos los riesgos procesales» por los que se dispuso la prisión preventiva, ya que no apeló dicha resolución.
En cuanto al transcurso del tiempo, aseguraron que este «ha sido útil y fructífero». Se tomaron numerosas medidas, como la pericia de los celulares secuestrados y la recuperación de los archivos que habían sido borrados de los mismos, lo que llevó a la citación de nuevos testigos.
También se tomó como anticipo de prueba la declaración de un testigo «importante», que proporcionó «mucha información útil», y en los últimos meses se entrevistó a múltiples profesionales, entre ellos una agrimensora. Esta «testigo fundamental» fue recientemente contactada por Bardina, «afirmándole que todavía se encuentra interesado respecto al edificio y reclamándole que le realice el plano de agrimensura. Asimismo, -el imputado- mantiene comunicación con personas que eventualmente declararán en el juicio», indicaron las fiscales.
Señalaron que «hay un cúmulo de evidencias» que incriminan a Bardina y ninguna que descarte su participación en los hechos. «Es más, estamos investigando la comisión de otros ilícitos» y «concluyendo con las medidas a los fines de realizar -pronto- una acusación formal».
En cuanto a las víctimas, quienes adquirieron el edificio de Suipacha y 9 de Julio en subasta, «tienen miedo». «Bardina se cree dueño del inmueble, y en función de eso la defensa interpreta que esto solo es una cuestión civil. Pero para la fiscalía y los jueces que han intervenido hasta el momento Bardina y los -cuatro- coimputados han cometido delitos». Por todo esto, solicitaron que se rechace el pedido de libertad.
«Yo pagué, lo demostré»
El juez Silva desestimó por improcedentes los argumentos defensivos relativos a las figuras penales, «lo que debió hacer es apelar la prisión preventiva, si consideraba que se trataba de figuras o hechos atípicos, o que se trataba de una cuestión civil». Aún así, corrigió a la defensa, recordándole que «el Código Civil y Comercial dispone que es el juez penal el que debe decidir sobre la cuestión de fondo, y posteriormente la Justicia Civil deberá atenerse a los hechos juzgados por el juez penal».
Señaló que el año y medio que lleva Bardina privado de la libertad «resulta proporcional a la pena que le podría caber, que sería en última instancia un mínimo de 5 años de prisión». Y en cuanto al proceso, indicó que «no hay ninguna pasividad en el accionar de la fiscalía».
Cuando el magistrado comenzó a manifestar que rechazaría el pedido de la defensa Bardina lo interrumpió y, exaltado, exigió declarar. Criticó la oralidad del nuevo sistema penal, que rige desde 2014, dijo que su «situación se sigue basando en mentiras» y aseguró: «Yo pagué, lo demostré, 750 mil dólares -por el edificio-. Tengo los boletos».
«No puedo más permanecer -con prisión domiciliaria-, porque me estoy muriendo en vida. Ya perdí cuatro cumpleaños de mis nietos, hace un año no veo a mi madre. Si voy a seguir estando detenido, le suplico, mándame al penal. Mi señora falleció y yo estoy solo, no puedo ni ir a comprar un paquete de cigarrillos». También explicó que debía ir al médico y no asistió «porque no había móvil y porque me da vergüenza».
A pesar de que la cuestión ya había sido aclarada por el juez Silva, Bardina insistió con que se trata de una causa civil: «Yo no quisiera estar en su pellejo doctor… porque hay oponibilidad en sede civil».
El magistrado se limitó a preguntarle a la defensa si solicitaría formalmente el cambio de la prisión domiciliaria a la reclusión en un penal, lo que fue negado por los abogados. Luego rechazó el pedido de libertad, y le aclaró al imputado que sus «cuestiones de salud deben ser atendidas por el Estado, -al traslado- lo tiene que solicitar su defensor con la debida antelación».
Otras condenas
Mario Bardina cuenta con varias condenas de la justicia provincial y federal. La más resonante fue por los secuestros de Salvador Marcelo Boscarino y Jorge Saccone.
Fuente: El Litoral
