Un movimiento clave en la megacausa que analiza el espionaje a jueces de la Corte Suprema y Comodoro Py 2002 sacudió el tablero del expediente. El juez Marcelo Martínez De Giorgi aceptó incorporar una causa que ya existía en otro juzgado, la denuncia que hizo el ex ministro de Seguridad porteño Marcelo D’Alessandro contra el diputado del Frente de Todos Rodolfo Tailhade por espionaje ilegal a su teléfono. Según informe de la oficina DAJUDECO, el legislador aparecía hablando de los chats de Lago Escondido con el ex policía y agente inorgánico Ariel Zanchetta, preso en el expediente. Esta situación convirtió automáticamente en imputado de la causa a Rodolfo Tailhade, revelaron a Infobae fuentes judiciales.
Sin embargo, la jugada tuvo un efecto secundario: obligó al fiscal Gerardo Pollicita a retirarse del expediente. ¿Por qué? Porque en otras causas en las que Tailhade quedó imputado, el fiscal había resuelto apartarse como consecuencia de distintos mensajes que el legislador había publicado en sus redes contra el representante del Ministerio Público y que “por su contenido y amplia difusión” afectaban su objetividad. Este criterio ya había tomado en el caso conocido como la contradenuncia de dólar futuro y en la llamada “Operación Puff”.
Así, entonces, con el ingreso de Tailhade como acusado al expediente del espionaje, Pollicita sale de la causa.
Según los documentos a los que accedió Infobae, Pollicita se había opuesto a sumar la denuncia que tenía Rafecas a esta causa: dijo que la decisión era prematura pero, de última, se tendría que anexar a la causa que analiza el viaje a Lago Escondido. El juez tuvo otro criterio: uno de los detenidos participó del hackeo al celular de D’Alessandro. Así, aceptó este expediente conexo. La decisión no sería apelable para la fiscalía.
Anoche, Martínez De Giorgi aceptó la excusación. “En razón de los argumentos expuestos por el Dr. Gerardo Pollicita a fs. 164/6 del dictamen recibido en el día de la fecha, por considerarlos atendibles y razonables por aplicación de lo normado por el art. 55 inc.3 del C.P.P.N., acéptase su excusación para actuar en este proceso”, dice el escrito al que accedió este medio.
Ahora, el caso pasará a la fiscalía ante la Cámara Federal para designar quién será su reemplazo. Podría ser la fiscal Alejandra Mangano, señalaron las fuentes consultadas por Infobae. En la misma resolución, el juez decidió que por el momento no ordenará las indagatorias que había pedido la fiscalía hasta que no estén completos los análisis de sus dispositivos.
Todo se enmarca en la megacausa del espionaje que tiene presos a un hacker misionero, Ezequiel Núnes Pinheiro y a Ariel Zanchetta, que aparece como la punta de iceberg de distintas tareas de inteligencia ilegal contra jueces y fiscales. El análisis de sus teléfonos, sin embargo, destapó que esas diligencias ilegales alcanzaron también a políticos, empresarios, dirigentes sociales y de fútbol o gremialistas.
Pollicita entonces apuntó contra Néstor Fabián “Conu” Rodríguez, un hombre clave en la estructura de comunicación de La Cámpora que hasta hace unos días ocupaba un cargo jerárquico en la AFIP. En el teléfono de Zanchetta, que se decía periodista, aparecía un diálogo en donde el ex policía le preguntaba si seguía “reportando” a él y el funcionario le encargaba averiguar sobre un “objetivo”: la ministra de Desarrollo Social Victoria Tolosa Paz y publicar una nota en contra de ella.
El fiscal reclamó allanarlo y secuestrarle sus teléfonos y dispositivos. En la AFIP no lo encontraron. Según detectó luego Pollicita, se escondió en esa repartición. Tras tres días sin novedades, la fiscalía pidió su detención. Los abogados de Rodríguez aparecieron en el expediente. El juez rechazó detenerlo y le prohibió la salida del país. Al día siguiente, “Conu” Rodríguez se presentó en los tribunales y dejó su celular para ser peritado.
En un nuevo dictamen, Pollicita no solo volvió a pedir indagar a Rodríguez y a Zanchetta; también imputó en la causa a tres agentes de inteligencia que le encargaban “trabajos” al ex policía e intercambiaban información. La tarea de profundizar esa hipótesis quedará ahora para una nueva fiscalía.
Pollicita no había avanzado puntualmente sobre Tailhade. Pero a la causa el 3 de noviembre se adjuntó un informe encargado por el juez a la DAJUDECO, la oficina de escuchas de la Corte Suprema, en donde del análisis de los celulares de Zanchetta aparecían diálogos de Telegram con el diputado integrante del Consejo de la Magistratura. En esos diálogos con el ex policía, Zanchetta le enviaba al legislador un link aparentemente vinculado a la causa Lago Escondido, un reporte de causas que involucraban a la ex diputada Elisa Carrió y un ofrecimiento de datos sobre los antecedentes políticos del senador del PRO Luis Juez.
Tailhade fue subdirector del área Contrainteligencia de la Agencia Federal de Inteligencia, tras la salida de Jaime Stiuso y la creación de la AFI, según confirmó él mismo en una entrevista radial en la que admitió los mensajes pero denunció una operación en su contra. Pidió ser querellante en base a la lista de buscados de 2022 que había revelado Infobae. Cuando explotó el escándalo mediático del rumbo nuevo que tomaron estos chats, el juez Rafecas entendió que existía “identidad respecto de los objetos procesales, espacio temporal, sujetos intervinientes y posibles medidas de prueba a realizar” entre una causa que él tenía en su despacho y la que llevaba Martínez De Giorgi.
¿Qué causa? La denuncia que radicó el 2 de enero el entonces ministro de Justicia y Seguridad porteño, Marcelo D’Alessandro. Allí dijo que fue víctima de un robo de identidad ante la empresa de telefonía para duplicar su chip y allí acceder a sus conversaciones privadas. Y afirmó que Tailhade había anticipado en una entrevista radial que se iban a conocer nuevas filtraciones de su celular.
Se trata de una segunda tanda de chats de su celular que le sirvieron al oficialismo para impulsar el juicio político contra la Corte Suprema. El diputado afirmó que esos diálogos ya estaban circulando pero para D’Alessandro quedaba demostrado que el legislador estaría vinculado “en la vulneración de mi dispositivo telefónico y su posterior manipulación y/o adulteración de la información allí contenida; o su participación dentro de la organización criminal con el mismo plan delictivo”. Tras un sorteo, el caso quedó en manos del juez Rafecas y el fiscal Carlos Stornelli dio impulso a la investigación.
D’Alessandro ya había denunciado en la justicia porteña la intrusión a su teléfono. Y en esa investigación fue que se logró dar con el hacker misionero Núnes Pinheiro. A él también había llegado la jueza María Servini cuando investigó el hackeo simultáneo del diputado Diego Santilli, pero en ese momento al joven de 22 años lo interrogaron como testigo. Según los registros, Núnes no solo entró a los celulares de Santilli y D’Alessandro, sino también al de los jueces de Casación Mariano Borinsky y Gustavo Hornos y al de los integrantes del tribunal que condenó a Cristina Kirchner, Rodrigo Giménez Uriburu y Andrés Basso, todos en un mismo período de tiempo. El hacker afirmó que a él le encargó la tarea un misterioso usuario de Telegram que le pagó y luego desapareció.
Al ser consultado sobre la incorporación de la causa D’Alessandro vs Tailhade al capítulo del espionaje a jueces, Pollicita se opuso. Dijo que la decisión era prematura y que además el juez Sebastián Ramos estaba investigando “todos los hechos vinculados” al ex ministro porteño, incluido su hackeo, según lo determinó la Cámara Federal porteña. La Corte Suprema debe dirimir si finalmente la causa de la ciudad se anexa al expediente de Ramos.
Sin embargo, el juez Martínez De Giorgi entendió que era acertada la decisión de Rafecas y aceptó incorporar al megaexpediente de espionaje la denuncia de D’Alessandro. En su resolución, a la que accedió Infobae, Martínez De Giorgi mencionó que “el usuario ‘aaa’ (Zanchetta) le remitió al usuario denominado “rodolfo tailhade Diputado” un “…link donde está completo el chat de jueces fiscales y directivos de clarín y gente del pro como dalessandro ministro de seguridad de caba. Estan todos son 2 grupos y está todo el chat completo del grupo”.
“En virtud de lo expuesto, se colige que el objeto procesal de ambas actuaciones resulta similar, toda vez que se investiga la existencia de una presunta red de espionaje, cuya actividad habría tenido como objetivo a cientos de personas política y públicamente expuestas, y que incluiría -entre otras-, la obtención ilegal, reunión, sistematización y análisis de información privada y su posterior difusión con diversos fines. Incluso, se advierte que los hechos aquí denunciados habrían acontecido en el mismo lapso temporal -al menos en el año que aquellos bajo investigación en la causa 3286/2023, sumado a que también existiría identidad en los sujetos involucrados en las conversaciones presuntamente filtradas denunciadas en este expediente, y aquellas que surgen -como se dijo- relacionados al chat hallado a partir del relevamiento de archivos” de Zanchetta, dijo el juez.
Así dispuso aceptar la conexidad de la causa de Rafecas por “la estrecha conexión entre los hechos denunciados”, tras señalar que el expediente que radica en su juzgado es anterior a la denuncia de D’Alessandro (porque se abrió cuando los jueces denunciaron el hackeo) y también porque está más avanzada.
Con este pase, Tailhade quedó imputado en ese expediente conexo. Y así pareció sellada la salida de Pollicita, que este martes se excusó de seguir interviniendo. En estas horas se resolverá quien será el nuevo fiscal. Si se sigue el criterio fijado hasta ahora en otros casos -subir una fiscalía-, de la fiscalía 11 de Pollicita saltaría a la 12, a cargo de Alejandra Mangano.
Fuente: Infobae
