El ex ministro Marcelo Sain y otros siete ex funcionarios del Ministerio de Seguridad provincial se sentarán este martes en el banquillo de los acusados, en el marco de una causa por presunto espionaje ilegal en la provincia de Santa Fe. Finalmente se conocerán las acusaciones luego de una interminable saga de apelaciones, recursos interpuestos, constitución de querellantes y cruces de declaraciones durante un año.
La Fiscalía de Santa Fe avanzó en una investigación a partir de carpetas y distinto tipo de archivos con información recopilada en el ámbito del Ministerio, sobre dirigentes políticos, gremiales, empresarios y periodistas. Esta información fue obtenida como consecuencia de distintos allanamientos que realizaron los investigadores en las oficinas del Ministerio de Seguridad de Rosario y de Santa Fe.
Los operativos fueron posteriores a que todo el equipo que había acompañado a Sain en su gestión anunciara su alejamiento. Y durante esos procedimientos trascendió que había material destruido utilizando la tradicional máquina que tritura papeles y que, incluso, algunos fueron quemados. De todos modos, aseguran, encontraron material de utilidad para la causa. También se llevaron teléfonos de los funcionarios.
Los fiscales Ezequiel Hernández y Mariela Jiménez -ya jubilada a sus 57 años- se tomaron casi un año para analizar la prueba y volcarla en lo que será la acusación formal. En las últimas semanas trascendieron registros de audio que estaban en teléfonos celulares de ex funcionarios que fueron secuestrados en aquella operación, en los cuales Sain mencionaba a distintas personalidades e incluso actuales funcionarios de gobierno.
La fiscal Jiménez se jubiló en medio de la causa, a los 57 años.
Los allanamientos fueron realizados el 26 de noviembre del año pasado por policías de la Agencia de Investigación Criminal. Varios meses después la información fue brindada a los querellantes de la causa, quienes se presentaron luego de que trascendiera que eran investigados.
Tres días después se realizó otro operativo en una de las oficinas del Ministerio de Seguridad de Santa Fe. Se trata de la secretaría de Coordinación Técnica y Administrativa que estaba a cargo de Maximiliano Novas, uno de los funcionarios a quien se le secuestró el teléfono celular y que también fue citado a la audiencia imputativa.
“Los fiscales fueron informados de que se estaba destruyendo información y documentación. Naturalmente que eso amerita la presencia inmediata. Se obtuvo mucha información y documentación que estaba siendo destruida”, señaló el fiscal general Jorge Baclini. “Nuestra idea es que no existan privilegios, que cualquier tipo de investigación maneje nuestro aval y los fiscales cumplieron con lo que la ley y la Constitución establecen. En eso nosotros le damos todo nuestro respaldo”, subrayó.
Sain versus Pullaro
Sain, a través de su abogado defensor Hernán Martínez, presentó un escrito en la causa sobre presunto espionaje ilegal. Allí pidió que Maximiliano Pullaro, su antecesor al frente del Ministerio de Seguridad, no fuera aceptado como querellante en el caso: lo sindicó como la persona que generó el sistema de recolección de datos que ahora denuncia.
El ex ministro Pullaro se constituyó como querellante en la causa.
El escrito sostiene que el actual diputado provincial de Juntos por el Cambio (JxC), quien denunció públicamente encontrarse en la lista de presuntos espiados, estuvo al frente de la implementación de el sistema de transferencia de información entre el Organismo de Investigaciones y el Ministerio de Seguridad que ahora cuestiona ya que el acuerdo se firmó durante su gestión.
Pullaro se defendió. “Yo creé la central de análisis de inteligencia operativa de la provincia de Santa Fe, que era el OJO; eso cuando construía información lo hacía en función de la orden de un fiscal. No era que nosotros podíamos tomar información de cualquier persona porque pensase diferente a nosotros. Eso es ilegal”, indicó el legislador radical.
“Es verdad que nosotros creamos esa central de información, fundamentalmente, para tener información en tiempo real, para poner los móviles donde había que ponerlos para reducir el delito, pero si se pedía información de una persona se pedía porque había un oficio de un fiscal que pedía la construcción de información”, apuntó.
Celulares a Brasil
Los celulares de los ex funcionarios provinciales fueron “abiertos” en la empresa «Cellebrite Solucoes Tecnologicas» de la ciudad de San Pablo fueron aquellos incautados a ex funcionarios en el allanamiento del 26 de noviembre pasado en oficinas del ministerio de Seguridad de Santa Fe.
El desbloqueo de esos celulares demandó un gasto de 30 mil dólares, además de los pasajes aéreos a San Pablo, estadía y viáticos de los encargados del traslado de los dispositivos a Brasil.
Según Nadia Schujman, una de las ex funcionarias investigadas, “hubo violación de garantías constitucionales por parte de los dos fiscales. También violaron el principio de objetividad”, precisó. Incluso recordó que luego de que el juez Sebastián Creus, de la Cámara de Apelaciones de Santa Fe, le ordenó a Fiscalía que abra el expediente para permitir el acceso de las defensas a la evidencia recolectada en la investigación, “interpusieron un recurso de inconstitucionalidad y advirtieron con ir hasta la Corte Suprema de Justicia en caso de que sea necesario”.
Juan Lewis, ex ministro de Justicia y Derechos Humanos, defiende los intereses de cinco de los ex funcionarios provinciales investigados: Schujman, Pablo Álvarez, Diego Alfredo Rodríguez, Débora Vanina Cotichini y Milagros Bernard.
La defensa que encabeza Lewis solicitó que “se suspenda la realización del desbloqueo de los teléfonos celulares, en atención a que no sería aprovechable por referir al menos a un celular personal irregularmente secuestrado; el mecanismo elegido para efectuar la medida impide el control de la defensa; no se encuentra determinada la idoneidad de quienes la realizarán; y existen organismos oficiales en el país que cuentan con tecnología para proceder al desbloqueo, a la par que posibilitarían un contralor defensista”, detallaron.
Acceso a la causa
A fines de marzo de este año, el camarista santafesino Sebastián Creus resolvió confirmar el acceso total al legajo fiscal en la causa que tiene como investigado al ex ministro y ex director del Organismo de Investigaciones (OI) Marcelo Sain y parte de su equipo de trabajo. También apoyó la duplicidad de plazos solicitada por la Fiscalía lo que le da más tiempo para continuar con la recolección de pruebas.
Sain estuvo al frente de Seguridad durante 15 meses en el gobierno de Perotti.
Por entonces la causa se encontraba reservada y hubo varias resoluciones judiciales sobre los planteos defensistas y fiscales, que incluso fueron contradictorias. La Cámara Penal unificó los recursos planteados y resolvió el acceso total a la evidencia.
La anterior decisión la había tomado el juez Jorge Patrizzi en febrero pasado cuando ordenó, a pedido de Hernán Martínez, defensor del ex ministro Sain, el levantamiento de la reserva de la causa. Esta decisión fue apelada y ahora confirmada recientemente por el camarista Creus, quien permitió el acceso total de la información contenida en el legajo fiscal, además apoyó la duplicación de los plazos procesales desde la fecha de la resolución para la Fiscalía.
Sain, un ministro disruptivo
Sain fue un ministro disruptivo, distinto a todos sus antecesores. No tuvo la cintura política de Roberto Rosúa ni el carácter exclusivamente técnico de Daniel Cuenca. No fue un funcionario de perfil bajo como Álvaro Gaviola ni un ministro “de emergencia” como Raúl Lamberto. Aunque lo asesoró durante parte de su gestión, tampoco comparte características con su antecesor Pullaro. Sain ejerció brevemente su poder de un modo inédito: en 15 meses desafió a la Justicia, a los jefes policiales, a la oposición, a los senadores del oficialismo y al poder económico.
Las reformas que Sain pensó para Santa Fe quedaron truncas. El año pasado presentó un ambicioso paquete de leyes para actualizar el marco normativo en materia de seguridad. Son proyectos inscriptos en la doctrina de la seguridad democrática que toman como modelos los sistemas europeos y apuntan a modernizar un esquema de trabajo que el ex ministro definió en su momento como “cavernícola, vetusto y rústico”.
Esos proyectos quedaron archivados en la Legislatura, aunque el nuevo ministro Jorge Lagna anunció el día de su asunción que daría pelea para que se debatiesen y se aprobasen. Iba a necesitar de una gimnasia de negociador que nunca supo o nunca quiso poner en práctica su antecesor. Lagna asumió en marzo de 2021 y duró 16 meses al frente del Ministerio de Seguridad, hasta que presentó la renuncia jaqueado por la inconvenible ola de violencia armada en Rosario y Santa Fe.
Alegan persecución política y judicial
Desde noviembre del año pasado, los nombres de Sain y sus colaboradores recorrieron la gran mayoría de medios de la provincia, especialmente la prensa concentrada, y circularon bajo sospecha de espionaje ilegal. El nombre de Nadia Schujman tampoco fue la excepción. “Es tan burdo todo que no se puede creer. Al ver otros casos de lawfare, es la mecánica que se utiliza con total impunidad, cuando se tienen todos los resortes de poder a disposición. Cuando tenés una pata en los poderes judicial, mediático y político suceden estas cosas. A muchos militantes de América Latina les ha ocurrido”, lamentó la abogada de Hijos Rosario, ex directora de la Agencia de Control Policial durante la gestión de Sain, y también en parte de la gestión Lagna, en el Ministerio de Seguridad provincial.
Schujman ratificó que “de ninguna manera hubo espionaje ilegal, aunque igualmente lo hayan sostenido durante un año y pico en la prensa. Las cuestiones políticas son evidentes. Quienes son los querellantes de la causa hablan por sí mismos: ahora se están presentando un policía tras otro. Es muy grave lo que han hecho”.
Además de denunciar una persecución política y judicial en su contra, Schujman consideró que “irregularidad es una palabra que quedaría muy chica en esta causa; es un eufemismo. Para la cantidad de violación de garantías constitucionales que hubieron, para la violación de la ley y para un montón de otras cuestiones tan alevosas que ocultaron y que no les dieron difusión en la prensa”.
Nadia Schujman, ex directora de la Agencia de Control Policial.
Y enumeró: “Un allanamiento sin orden del juez ni testigos, escandalosas pericias, violaciones en las cadenas de custodia, desaparición del disco rígido de mi computadora y hasta que mi teléfono haya sido llevado a una empresa privada de Brasil, pagando miles de dólares que todavía no sabemos de dónde salieron, porque el MPA supuestamente se quedó sin presupuesto en octubre”.
Junto con Sain y Schujman fueron citados a imputativa el ex secretario de Seguridad Pública, Germán Montenegro; el ex subsecretario de Investigación Criminal, Pablo Álvarez; el ex subsecretario de Control, Diego Rodríguez, la ex jefa de Inteligencia Criminal de la Zona Sur del Organismo de Investigaciones, Débora Cotichini. Lo mismo que Milagros Bernard y Agustina Moulins. “Esta causa no se trata de mí. Ni siquiera de Sain o de la provincia. Es gravísimo y hay límites que traspasan a varias personas. Con cualquiera que pueda tener una voz disonante o querer investigar algo”.
Fuente: El Ciudadano
