Tribunal de Cuentas: Pliegos complicados

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El Poder ejecutivo envió dos pliegos para que sean tratados y aprobados para el Tribunal de Cuentas. Pero surgieron complicaciones para los dos propuestos. Instituciones y legisladores plantearon oposición. Pero CFIN te cuenta los rales motivos y el número 253.

El Poder ejecutivo envió dos pliegos para que sean tratados y aprobados para el Tribunal de Cuentas. Pero surgieron complicaciones para los dos propuestos. Instituciones y legisladores plantearon oposición. Pero CFIN te cuenta los rales motivos y el número 253.

CFIN siempre te cuenta todo y en esta oportunidad que tiene que ver el número 253 con los pliegos propuestos para ocupar cargos en el Tribunal de Cuentas.

Recordemos que son dos, un abogado y un contador.El Abogado Lisandro Villar y el Contador Sergio Beccari.

Pero concretamente qué es lo que dice  El  Art. 253 del Código Penal expresa: “Será reprimido con multa de pesos setecientos cincuenta a pesos doce mil quinientos e inhabilitación especial de seis meses a dos años, el funcionario público que propusiere o nombrare para cargo público, a persona en quien no concurrieren los requisitos legales. En la misma pena incurrirá el que aceptare un cargo para el cual no tenga los requisitos legales”.

En el caso presentado, la propuesta de Pliegos para ocupar el cargo de Vocales del Tribunal de Cuentas de la Provincia de Santa Fe, se enrolaría en las conductas previstas en el art. 253 del  Código Penal Argentino antes indicado, poniendo eventualmente al Sr. Gobernador como autor penalmente responsable de ese delito.

Sergio Beccari, ha sido funcionario público sujeto a control del Tribunal de Cuentas dentro de los dos años inmediatos anteriores a su designación. Mientras que Lisandro Villar, no acredita antecedentes académicos, ni profesionales que den cuenta de su expertiz o idoneidad en el ámbito de la Administración Pública, (art. 193, 3º párrafo, Ley 12.510).

La acción de Nombrar, consiste en designar a una persona para que desempeñe una función  determinada en el ámbito de la administración pública, sin que importe para la consumación típica el carácter administrativo del acto (puede ser permanente, transitorio, interino, rentado o ad honórem); lo que importa es la idoneidad legalmente requerida.
La aceptación ilegal es de un cargo para el cual no se posee los requisitos exigidos.
Estamos ante un delito previsto en nuestro Código Penal destinado a proteger el  debido respeto del principio de legalidad en el ejercicio de las distintas funciones públicas.

En Política todo puede suceder, hasta este caso en donde hay un Artículo como el 253 del Código Penal Argentino que estaría impidiendo las dos designaciones. Pero como señalamos, en Política todo puede suceder.

Fuente: CFIN

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