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Habían armado una “sub EPE ilegal”

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La fiscal Haurigot anunció ayer también imputarán a quienes contrataron los “servicios” para engancharse a la EPE, a cambio de un pago inicial que iba de los 5 a los 27 mil pesos, y un pago mensual acorde al ahorro obtenido.

La fiscal Haurigot anunció ayer también imputarán a quienes contrataron los “servicios” para engancharse a la EPE, a cambio de un pago inicial que iba de los 5 a los 27 mil pesos, y un pago mensual acorde al ahorro obtenido.



 

Con los acusados por asociación ilícita y estafas a la Empresa Provincial de la Energía (EPE) en libertad, la fiscal Valeria Haurigot adelantó que también serán imputados quienes contrataron los servicios ilegales. Se trata de la causa por conexiones clandestinas o adulteración de medidores de consumo, que eran cobradas por instalación, con sumas que iban de los 5 a los 27 mil pesos, más cuotas mensuales que dependían del ahorro de consumo de cada cliente. En tanto, la unidad que investigó a los acusados estima que las operaciones comenzaron en 2012. Detalles sobre cómo funcionaba la banda de la que cinco empleados de la EPE eran cómplices primarios.

El día después de la extensa jornada en la que Haurigot dio precisiones sobre los roles y funciones de cada acusado, se sumaron datos sobre el ardid. En escuchas telefónicas constan datos de cómo se contactaban con los clientes y pedían que se ambiente el lugar para hacer los trabajos sin que ningún vecino les pregunte o denuncie. Incluso, llegaron a cortar la energía en la cuadra donde harían el trabajo, que normalmente planificaban para la siesta o noche; y pedían a los supermercadistas que los contrataban que pusieran cajones de bebidas en la vereda donde harían los trabajos.

La fiscal aseguró que es una causa grande y que todavía queda trabajo por hacer. “Las estafas que llevamos a la audiencia son nueve donde pudimos corroborar las conexiones clandestinas in situ, algunas de ellas muy riesgosas; pero son más, en las que estamos trabajando”, dijo. Hasta el momento, hay dos acusados prófugos, pero Haurigot ya avanzó sobre los clientes que contrataban el servicio ilegal. “Están fichados y no se los detuvo porque cada uno tiene un solo hecho de estafa, pero sí están involucrados y próximamente se los imputará”, aseguró.

En la causa hay un electricista que está sindicado como jefe de la banda y que tenía contacto directo con los empleados de la EPE. En ese sentido, la fiscal habló de “connivencia”. Y detalló: “Quienes llevaban adelante las conexiones clandestinas contaban con respaldo de personal habilitado para cortar la luz de la cuadra, por ejemplo. Por más que sean electricistas necesitan connivencia, para no terminar todos electrocutados, por el riesgo que había en esas conexiones". Al dar otros ejemplos, dijo que también se hacían "conexiones por red aérea y adulteración de medidores".

Entre los lugares donde se constataron conexiones irregulares y que serán materia de imputación, la fiscal enumeró supermercados, casas particulares, salones de eventos y hasta un frigorífico. “En algunos de los casos había una apariencia de legalidad. De hecho, en uno de los lugares hubo que romper el asfalto para encontrar las conexiones. Una de las cosas que remarcamos es la gravedad y el impacto que estos hechos tenían para el resto de la comunidad, porque se trataba de maniobras muy riesgosas”.

Consultada sobre el monto de la estafa, la fiscal dijo que no se sacó la cuenta todavía. “Resta hacer todos los cálculos y entendemos que esta banda se manejaba como una empresa. Los que no pertenecían a la EPE se encargaban de hacer las conexiones, contactaban a los clientes que también eran parte del ardid”.

El resto de los datos los dio la jefa de la Brigada Operacional delegación Tribunales, Jorgelina Llopart, quien se refirió a la banda como una "sub EPE ilegal", que pedía distintos montos de dinero. "Iban de 5 mil pesos en un domicilio particular, diez mil en un salón de eventos, hasta un tope de 27 mil pesos. Eso era solamente el pago inicial", aclaró. Es que también se les cobraba un porcentaje del consumo que se ahorraban, por mes. “Todavía tenemos que verificar varias cuestiones”, dijo sobre el análisis en base a material secuestrado en los allanamientos y al análisis de las escuchas.

A los ya imputados les podrían caber penas mínimas de entre 3 y 6 años de prisión, según los roles y la cantidad de hechos cometidos. En la audiencia de anteayer, Haurigot describió a Víctor Corigliano –que no trabajaba en la EPE- como jefe de la banda, y la asistencia “desde adentro” de la firma se la daban Osvaldo González, Esteban Piacquadio, Adriano Cuello, Pedro Manauta y Guillermo Maiorana. Otros dos hombres fueron sindicados como miembros y un noveno permanece prófugo.

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