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El caso ya está en la Legislatura

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El diputado Carlos Del Frade pedirá la intervención de la Legislatura provincial para que se investiguen las conexiones políticas en torno a la denuncia sobre trata en San Lorenzo que tiene detenidas a seis personas, y que incluye entre lo investigados al propio intendente Leonardo Raimundo. “Cuando apareció la noticia del allanamiento del drugstore de Oroño al 800 e San Lorenzo, el primero que me envió un mensaje fue Alberto Perassi , padre de Paula, la mujer desaparecida hace siete años. Alberto está convencido que hay una trama, una mafia en donde el poder del dinero y el poder político han generado esta impunidad sobre el caso de su hija. Para Alberto y para los que seguimos hace tiempos esa zona de San Lorenzo, esa mafia está vinculada al dinero fenomenal que pasa por allí vinculado a los puertos, a los nichos corruptos de la policía, y a los nichos corruptos de la política, y que son capaces de generar la naturalización de la explotación sexual de las chicas y los chicos y la desaparición de los cuerpos. En ese contexto esta denuncia lo que hace es probar esa trama mafiosa que hace rato actúa bajo las narices y con la participación de varios integrantes de la Unidad Regional 17 de policía”.

El diputado Carlos Del Frade pedirá la intervención de la Legislatura provincial para que se investiguen las conexiones políticas en torno a la denuncia sobre trata en San Lorenzo que tiene detenidas a seis personas, y que incluye entre lo investigados al propio intendente Leonardo Raimundo. “Cuando apareció la noticia del allanamiento del drugstore de Oroño al 800 e San Lorenzo, el primero que me envió un mensaje fue Alberto Perassi , padre de Paula, la mujer desaparecida hace siete años. Alberto está convencido que hay una trama, una mafia en donde el poder del dinero y el poder político han generado esta impunidad sobre el caso de su hija. Para Alberto y para los que seguimos hace tiempos esa zona de San Lorenzo, esa mafia está vinculada al dinero fenomenal que pasa por allí vinculado a los puertos, a los nichos corruptos de la policía, y a los nichos corruptos de la política, y que son capaces de generar la naturalización de la explotación sexual de las chicas y los chicos y la desaparición de los cuerpos. En ese contexto esta denuncia lo que hace es probar esa trama mafiosa que hace rato actúa bajo las narices y con la participación de varios integrantes de la Unidad Regional 17 de policía”.



Para Del Frade “hay una historia de 20 años en la que por los puertos privados ha entrado y circulado cualquier cosa. Esta causa tiene mucho fundamento y por eso fuimos a la Protex” (Procuraduría de Trata y Explotación de Personas).

El referente del Frente Social y Popular (FSP) recordó que el puerto “es una zona de frontera donde habitualmente incluso dueños de cabarets han sido ex policías“. A su vez, sostuvo que el mapa de “complicidades policiales y políticas” en la región “se sintetiza” en la desaparición de Paula Perassi en 2011.
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Puntualmente Del Frade quiere saber “si existen investigaciones que se estén llevando a cabo sobre bandas vinculados a la trata de personas en la ciudad de San Lorenzo, luego de conocida la denuncia”. “Si efectivamente existen investigaciones iniciadas por organismos del Ministerio de Seguridad en torno a bandas vinculadas con el delito de la trata y explotación de personas en la ciudad de San Lorenzo desde febrero de 2017 a octubre de 2018”. También requiere conocer si “el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la provincia ha tomado conocimiento de las actuaciones que viene desarrollando la justicia federal rosarina en ese sentido; si algún organismo del gobierno provincial se puso a disposición de la PROTEX para conocer detalles e impulsar medidas conjuntas sobre estas causas”.

De igual modo consulta “si existe alguna investigación de parte de alguna agencia del gobierno provincial que haya iniciado actuaciones en torno al rol del departamento ejecutivo de la ciudad de San Lorenzo en torno a estas denuncias”, y de ser posible entregar una “reseña de denuncias en los últimos tres años en la zona de San Lorenzo vinculadas a explotación sexual, trabajo esclavo o prostitución infantil”.

Finalmente consulta sobre “una reseña de personal policial involucrado en esos casos en los últimos tres años” y solicita un “análisis de la situación del negocio ilegal de la trata en la zona portuaria de Rosario, Villa Constitución y San Lorenzo, en los últimos tres años, tanto en su aspecto económico como social”.

El diputado estuvo el jueves 4 de octubre reunido con las autoridades del Procuraduría contra la Trata y Explotación de Personas del gobierno nacional, en la ciudad autónoma de Buenos Aires, para interiorizarse en relación a la investigación sobre esta banda. “Los funcionarios que nos recibieron nos confirmaron que la denuncia presentada por ellos data de principios del año 2017 y que la investigación de la justicia federal recién produjo sus primeros allanamientos en los primeros días de octubre de 2018 como consecuencia de la publicación de la información en el diario Clarín” afirmó el legislador.

Cabe recordar que en los primeros días de octubre de 2018, el juez federal Marcelo Bailaque ordenó una serie de allanamientos donde detuvo hasta el momento a seis personas que regenteaban un prostíbulo ubicado en pleno centro de San Lorenzo. Una de las detenidas es la Mamu, Miriam Soto, sindicada como la cabecilla de la banda quien será indagada formalmente hoy bajo la acusación de “trata de personas con fines de explotación sexual”. Junto a Mamu fueron detenidos Diego Salto y Franco Cardozo -sospechados de acordar y brindar la protección policial-, además de Marisa Viotto, Valeria Gimenéz y Solange Giménez. Pero en la investigación de la Protex también figuran dos policías: Sebastián Leguiza, policía del cuerpo guardia de infantería y Pablo César Peralta, ambos con destino incierto hasta el momento.

Una de las mujeres que fueron captadas por la red contó que “Mamu” le hacía vender droga a los clientes. De acuerdo a su declaración, la bolsita de marihuana o cocaína costaba 50 dólares. La organización criminal, de acuerdo a la instrucción, estaría integrada por al menos 12 personas con lo cual el magistrado federal no descartó que se continúen con las detenciones.

En el expediente –cuyo inicio tuvo lugar a mediados de 2017 por una mujer que denunció haber sido explotada en el lugar- esta mencionado el intendente de San Lorenzo Leonardo Raimundo, como presunto encubridor.

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