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Cristina Kirchner: "Podrán excavar toda la Patagonia, que nunca van a encontrar nada con lo que involucrarme"

Política
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La ex Presidente fue citada por octava vez a Comodoro Py, esta vez acusada de lavado de dinero en el expediente que se originó a partir de las revelaciones de Leonardo Fariña

La ex Presidente fue citada por octava vez a Comodoro Py, esta vez acusada de lavado de dinero en el expediente que se originó a partir de las revelaciones de Leonardo Fariña




La ex presidente Cristina Kirchner presentó un escrito ante el juez federal Sebastián Casanello, quien la había citado a indagatoria por pedido de la Cámara Federal en la causa conocida como "la ruta del dinero", que tiene como principal imputado al empresario patagónico Lázaro Báez.

En su descargo, la ex jefa de Estado intentó negar vínculos con el dueño de Austral Construcciones y reiteró su estrategia de vincular la imputación en su contra a una "persecución política". Además, ironizó sobre los operativos realizados recientemente en el sur en los cuales se buscaba dinero enterrado en virtud de denuncias que habían realizado "cazarrecompensas".

"Podrán seguir vigilando mis movimientos y los de mi familia, escuchar de manera clandestina mis conversaciones telefónicas o excavar toda la Patagonia argentina o donde mejor se les ocurra, que nunca van a encontrar nada con lo que involucrarme, porque jamás me apoderé de dinero ilícito alguno", precisó la ex mandataria.


Al abordar técnicamente la acusación, originada en una resolución de la Cámara Federal, la mandataria aseguró: "No solo desconozco por completo esta supuesta maniobra, sino que no existe ningún elemento de prueba que me vincule a la misma".

Y ahondó: "Debo señalar que jamás tuve cuentas bancarias no declaradas, ya sea sola, con Lázaro Báez o con cualquier otra persona. Todos los activos de nuestra familia están y seguirán estando en la República Argentina y siempre fueron incorporados a nuestras declaraciones juradas impositivas, así como también a las que presentamos en nuestro carácter de funcionarios públicos. Además, por toda nuestra actividad siempre hemos pagado puntualmente los impuestos correspondientes".

"En definitiva, la manera transparente en que hemos administrado nuestro patrimonio les permitió a los 'no jueces' que se han lanzado en nuestra contra a embargar nuestros bienes, bloquear las cuentas bancarias, intervenir las empresas familiares y designar al frente de éstas auxiliares que no hicieron otra cosa que ocasionarnos perjuicios. Es más, se llegó hasta el absurdo de embargar mi jubilación y bloquear mis tarjetas de crédito e impedirme, siquiera, tener una tarjeta de débito. Todo ello, seguramente, con el propósito de ahogarme financieramente y luego seguir mis movimientos (tal como lo hacen habitualmente los servicios de espionaje gubernamentales) para ver si termino yendo a alguna bóveda en la que guardaría los millones de dólares que un grupo de arrepentidos que ahora se han cartelizado dicen haber pagado", agregó.
 

Cristina Kirchner aseguró que no fue clienta de "La Rosadita" -la financiera a través de la cual se hicieron las maniobras de lavado que investiga Casanello-, que no estuvo en el casamiento de Leonardo Fariña con la modelo Karina Jelinek y que conoció a los novios solo por referencias en la prensa, nunca personalmente. "Jamás ha sido mi costumbre participar de eventos  de la farándula", se excusó.

Por último, la ex mandataria asemejó su situación judicial a la del ex presidente brasileño, Lula Da Silva, detenido y sin posibilidades de presentarse a las elecciones nacionales que este año se celebrarán en el país vecino.

La indagatoria fue ordenada a fines de agosto por la Cámara Federal. Los camaristas Martín Irurzun y Mariano Llorens señalaron que puede haber vínculos entre el dinero de Báez con Cristina Kirchner ya que ambos están procesados en otras causas de corrupción, como la de las irregularidades de la obra pública que el empresario recibió de parte del gobierno anterior y cuya parte de fondos fueron a emprendimientos privados de la familia Kirchner.

Ayer la ex Presidente tuvo otro dolor de cabeza judicial: fue procesada como jefa de una banda que recaudaba coimas de empresarios beneficiados por obras públicas.

El escrito completo

MANIFIESTA. RESERVA.

Señor Juez:

Cristina Fernández de Kirchner, DNI 10.433.615, por mi propio derecho, en la causa Nº 3017/2013, caratulada "BAEZ, LAZARO ANTONIO Y OTROS S/ENCUBRIMIENTO…" del registro del Juzgado en lo Criminal y Correccional Federal Nº 7, Secretaría Nº 13, manteniendo domicilio constituido en Av. Santa Fe 1752 2º "A" de esta ciudad, a V.S. digo:

1. En el día de la fecha comparezco ante este Juzgado a efectos de prestar declaración indagatoria en el marco de la causa que los medios de comunicación hegemónicos han denominado "La ruta del dinero K".

Sin embargo, esta citación (la octava que debo cumplir siempre en este edificio de Comodoro Py) reúne características por demás particulares. Concretamente, se trata de una medida dispuesta directamente por los jueces de Cámara Martín Irurzun y Mariano Llorens en la resolución dictada el día 31 de agosto del corriente año, haciendo lugar a un pedido expreso efectuado por el Poder Ejecutivo de la Nación a través de la Unidad de Información Financiera (UIF), conducida por decisión del Presidente Mauricio Macri por el Dr. Mariano Federici, ex asesor letrado del Fondo Monetario Internacional.

Para que se entienda, como lo reconoce expresamente V.S., "nos encontramos frente a una situación inédita, en tanto la convocatoria es el resultado de una decisión del Tribunal revisor" y no del magistrado que tiene a cargo la instrucción de esta causa desde su inicio, único habilitado por la ley procesal para adoptar tal temperamento.

Ante esta grave irregularidad -una más en la larga persecución a la que vengo siendo sometida desde hace dos años y ocho meses- a través de mi defensa he dejado constancia de ello interponiendo un recurso de casación en contra de la resolución inválida dictada por la Cámara y recusé a los jueces que la firmaron, por carecer de toda imparcialidad frente al caso.

En suma, una vez más, me encuentro frente a jueces que carecen del atributo básico para ejercer la jurisdicción y desarrollan en mi contra lo que se denomina un "proceso ofensivo" en el cual, como señala Beccaría en su reconocida obra De los delitos y de las penas, en lugar de buscarse de manera imparcial la verdad se convierte al imputado en un enemigo, sin que las pruebas o la ley constituyan freno alguno para tal impulso.

2. Sin embargo, lo que resulta aún más grave es que se me cita a prestar declaración indagatoria sin que exista ningún estado de sospecha sobre la comisión de algún delito que me pueda ser atribuido.

Ello no es una elucubración de mi parte, sino ha quedado debidamente documentado en la causa cada vez que el Poder Ejecutivo de la Nación -a cargo de Mauricio Macri-, por medio de los dos órganos constituidos en parte querellante (la UIF y la OA, esta última a cargo de la no abogada Laura Alonso), intentó forzar tal decisión.

En efecto, el 8 de mayo de 2017, ante un recurso de apelación interpuesto por la UIF en contra del decreto que no hizo lugar al pedido de que fuera indagada, V.S. puso en claro que tal presentación no solo contenía graves errores de hecho y de derecho que impedían proceder en la forma requerida, sino antes bien ponía en evidencia el "modo temerario" en que se había conducido el organismo del Poder Ejecutivo de la Nación.

A esos efectos, de manera ilustrativa, V.S. comparó la forma como la UIF utilizaba dos criterios contradictorios según quién fuera la persona a quien se quería imputar: si la perseguida era Cristina Fernández de Kirchner, ella debía ser indagada aun cuando ni siquiera existiera un hecho concreto que atribuirle. En cambio, cuando el investigado era el propio Mauricio Macri, la UIF se posicionó como su abogado defensor, se opuso al fiscal y arguyó que no podía avanzarse en una investigación en contra de su jefe si no era consignada "una descripción de hechos a investigar que presumiblemente podrían constituir una hipótesis de lavado de activos (…). No debe perderse de vista que la Jurisprudencia ha calificado a los requerimientos de instrucción genéricos y/o imprecisos como excursiones de pesca, inaceptables en un estado de derecho" (presentación del Dr. Mariano Federici, de fecha 17 de febrero del corriente año, en la causa Nº 3.899/2016, caratulada "MACRI, Mauricio y otros s/ infracción art. 303" del registro de la Secretaría nº 14).

Así las cosas, en cualquier procedimiento judicial normal, la aventura procesal del Poder Ejecutivo de tratar de meterme por la fuerza en este expediente hubiera quedado definitivamente abortada. Sin embargo, en estas actuaciones pasó todo lo contrario.

Veamos.

En oposición a lo que disponen expresamente las normas que regulan la competencia de la Cámara de Apelaciones en materia de recursos (art. 445 del CPPN), los jueces que la integran, en particular el Dr. Martín Irurzun, cada vez que les tocó intervenir en este proceso buscaron direccionar la investigación en mi contra.

En este sentido me permito hacer referencia a las resoluciones firmadas por dicho magistrado con fecha 31/05/2017, 25/10/2017, 27/11/2017 y 06/02/2018 y que fueron ampliamente publicitadas por el Centro de Información Judicial (CIJ) -conducido por el Presidente de la Corte, Ricardo Lorenzetti-, con los siguientes títulos:

– La Cámara Federal encomendó otra vez a Casanello y Marijuán tener en cuenta las causas vinculadas a la investigación contra Lázaro Báez por lavado de dinero

– La Cámara Federal confirmó el procesamiento de Lázaro Báez y requirió que se evalúe el pedido para que se cite a indagatoria a Cristina Kirchner

– La Cámara Federal pide a Casanello que responda la solicitud de que se cite a indagatoria a Cristina Kirchner en la causa contra Lázaro Báez por lavado de dinero

– La Cámara Federal ordenó a Casanello pronunciarse sobre el pedido para que se cite a indagatoria a Cristina Kirchner en la causa contra Lázaro Báez por lavado de dinero

Finalmente, como la operación de pinzas (el Poder Ejecutivo por un lado e Irurzun por el otro) no daba los resultados esperados, el 31 de agosto de 2018 la Cámara de Apelaciones -como se dijo, violando la ley procesal- ordenó mi citación a prestar declaración indagatoria, sin precisar ni los hechos ni el derecho en que fundaban tal decisión.

3. Ahora bien, como ha quedado debidamente registrado en autos, me encuentro en una situación inédita que vulnera el derecho de defensa en juicio. Ello así pues, se me obliga a proceder de una manera inversa a la que le corresponde a cualquier persona que se encuentra en mi situación: en lugar de que se precise una intimación concreta en su contra yo debo adivinar cuáles son los hechos por los que tendría que responder.

En esa línea, y como la Cámara ha hablado genéricamente de que sería coautora de todas las maniobras por las que se encuentra enjuiciado Lázaro Báez -de cuyo patrimonio además y también según la Cámara, sería la dueña-, a continuación me ceñiré a dar respuesta a los hechos que fueron enumerados en el requerimiento de elevación a juicio efectuado por el fiscal en contra de Báez y otros litisconsortes el día 24 de noviembre de 2017. Veamos.

4. Según relata el fiscal, se investiga en esta causa una estructura que supuestamente canalizó fondos de origen ilícito suministrados por Lázaro Báez, a través de: i) un proceso de expatriación y repatriación parcial de una suma cercana a sesenta millones de dólares; ii) la adquisición de bienes y servicios. Así se asegura que "desde fines del año 2010 se pergeñó una ingeniería financiera para el millonario blanqueo de dinero, con Lázaro Antonio Báez a la cabeza, y que muchas de las personas que lo auxiliaban en esa tarea realizaban a su vez desmesuradas inversiones en bienes y servicios suntuosos con el dinero habido a partir de su participación en la estructura societaria y bancaria para canalizar dinero espurio proporcionado por Lázaro Báez".

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