Imputaron a Larreta y a Quirós por presunta privatización de la vacunación porteña

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El fiscal Carlos Stornelli dio impulso a dos denuncias recibidas el martes, luego de que en la Ciudad de Buenos Aires se suscribieran convenios para entregar dosis a algunas obras sociales y empresas de medicina prepaga para uso exclusivo de sus afiliados.

El fiscal Carlos Stornelli dio impulso a dos denuncias recibidas el martes, luego de que en la Ciudad de Buenos Aires se suscribieran convenios para entregar dosis a algunas obras sociales y empresas de medicina prepaga para uso exclusivo de sus afiliados.

El fiscal Carlos Stornelli imputó al jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta; y a su ministro de Salud, Fernán Quirós; al requerir que se investigue la presunta "privatización" de la vacunación contra el coronavirus en el distrito, luego de que se suscribieran convenios para entregar dosis a algunas obras sociales y empresas de medicina prepaga para uso exclusivo de sus afiliados.

El fiscal dio impulso a dos denuncias recibidas el martes en las que se apuntó a “las acciones llevadas a cabo en el marco del plan de vacunación desarrollado en establecimientos sanitarios privados y/o de carácter social en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires”, según surge del dictamen al que acedió Télam.

Una de las denuncias había sido presentada por la abogada Natalia Salvo, quien se centró en la supuesta firma de convenios entre el gobierno de la Ciudad e instituciones privadas en las cuales delegó parte del plan de vacunación contra el coronavirus “otorgando privilegios a dichas instituciones y sus socios por encima del resto de la población”.

Al solicitar las primeras medidas de prueba, el fiscal Stornelli reprodujo la parte de la denuncia en la que la abogada Salvo aseveraba que “Horacio Rodriguez Larreta estaría privatizando la campaña de vacunación que se lleva adelante frente a la pandemia que aqueja a toda la población, beneficiando a grupos privados en detrimento de la población en general”.

La denunciante había señalado que “esta práctica para facilitar vacunaciones de privilegio y la ausencia de información y/o documentación que permita determinar la trazabilidad de las vacunas, en el marco de la mayor pandemia que recuerde nuestra Ciudad, resultarían constitutivos del delito previsto en el artículo 248 del Código Penal”.

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