Stornelli pidió el juicio oral contra Cristina Fernández de Kirchner por la "cartelización" de la obra pública

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La ex presidenta Cristina Fernández de Kirchner recibió hoy un nuevo pedido de juicio oral y público, esta vez en una causa en la que está acusada por la “cartelización” de la obra pública durante sus dos períodos de gobierno.

La ex presidenta Cristina Fernández de Kirchner recibió hoy un nuevo pedido de juicio oral y público, esta vez en una causa en la que está acusada por la “cartelización” de la obra pública durante sus dos períodos de gobierno.



El fiscal federal Carlos Stornelli pidió la elevación a juicio de ese expediente, en el que además están imputados empresarios de primer nivel en la actividad económica local, incluido el primo del presidente Mauricio Macri, Angelo Calcaterra.

El fiscal imputa a la ex presidenta por el delito de “cohecho”, en el marco de una asociación ilícita destinada a recaudar dinero ilegal mediante la adjudicación digitada de contratos de obra pública.

Además de la ex mandataria, también están procesados su ministro de Planificación, Julio De Vido, y el ex secretario de Obras Públicas José López.

Entre los empresarios aparecen el ex titular de la Cámara Argentina de la Construcción Carlos Wagner, el dueño de Electroingeniería, Gerardo Ferreyra; los dueños del Grupo Indalo, Cristóbal López y Fabián De Sousa y los históricos adjudicatarios de contratos con el Estado Aldo Roggio, Juan Chediack, Mario Rovella y Gerardo Cartellone, entre otros.

Son, en total, 51 imputados, a los que Stornelli les pidió el juicio oral.

El fiscal valoró “los aportes realizados por distintos imputados colaboradores, quienes hicieron referencia al modo implementado principalmente por funcionarios públicos del gobierno argentino, en ese sector”, quienes “refirieron que se habrían abonado anticipos financieros a representantes estatales”.

Stornelli asignó un rol relevante al financista Ernesto Clarens, “extrayendo un porcentaje del valor ofertado por la obra –generalmente, entre un 3% y un 20%- o montos más concretos y relacionados con certificados de obra”.

El dictamen, de más de 400 páginas, destaca los aportes del propio Clarens y de los otros imputados López y Wagner, como arrepentidos en la denominada “Causa Cuadernos”.

La acusación subraya que existió un "mecanismo para lograr la deliberada distribución de la obra pública tenía como fin último nutrir de fondos a la asociación ilícita comandada y estructurada” desde lo más alto del gobierno de la vicepresidenta electa.

Las empresas accedían a los contratos de obra pública y, como una suerte de contraprestación ilegal, "debían entregar una suma de dinero que ingresaba a las arcas de la asociación".

El documento incluye en ese mecanismo a la empresa IECSA, históricamente vinculada con la familia del presidente Macri.

“Tengo por cierto y demostrado que Ángel Calcaterra, Santiago Altieri y Héctor Javier Sánchez Caballero, por la empresa IECSA SA, los dos primeros en carácter de coautores, y el tercero como partícipe necesario, intervinieron en la entrega de una suma de dinero a Cristina Elisabet Fernández, Julio De Vido y José Francisco LOPEZ, a través de la interpósita persona de Ernesto Clarens, el 2 de junio de 2009 con el fin de que los funcionarios que integraron la asociación ilícita descripta hicieran o dejaran de hacer algo atinente a sus funciones en beneficio de dicha empresa”.

Otros pagos, según el dictamen, se concretaron el 11, el 26 y el 29 de junio de 2009, por una “suma total aproximada de 3.508.360 pesos”.

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