Esteban Alvarado y los dos exjefes de la PDI quedaron en prisión preventiva

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Lo determinó la jueza por los ataques al Poder Judicial y por ser integrantes de una asociación ilícita. El viernes ya habían sido imputados.

Lo determinó la jueza por los ataques al Poder Judicial y por ser integrantes de una asociación ilícita. El viernes ya habían sido imputados.





Esteban Lindor Alvarado fue imputado esta tarde por ser considerado jefe de una asociación ilícita en calidad de autor, al menos desde agosto de 2018 hasta fines de abril de 2019, y por haber determinado a terceras personas, utilizando su capacidad de influir y a partir de los recursos materiales y económicos, para efectuar ataques a edificios del Poder Judicial o a personas vinculadas, con el propósito de amedrentarlas y obtener una variación del curso de la investigación en el homicidio de Lucio Maldonado, cuyo cuerpo fue hallado el 13 de noviembre de 2018 en la zona de Circunvalación y Oroño de Rosario.

También fueron imputados dos exjefes policiales de la PDI (los hermanos Miguel y Marcelo Rey) y dos policías (Jorgelina Ch. y Pablo O.) por los delitos de asociación ilícita en carácter de miembro; incumplimiento de los deberes de funcionario público y encubrimiento agravado, entre otros; y a Nicolás Marcelo O. por los delitos de asociación ilícita en carácter de miembro; amenazas y encubrimiento agravado entre otros.


En la audiencia imputativa, que comenzó el viernes pasado y culminó esta tarde en el Centro de Justicia Penal, la jueza de Primera Instancia, María Carrara, aceptó la calificación legal presentada por la Fiscalía y dictó prisión preventiva efectiva por el plazo de ley para todos los imputados.



La asociación, de acuerdo al alegato de los fiscales, repartía sus tareas entre personas que conforman tres estamentos diferenciados: el primero de ellos integrado por quienes bajo sus órdenes procuraban los medios materiales para la comisión de delitos contra la propiedad y contra las personas. Estas personas proveían armas y vehículos a la organización, contactaban y retribuían económicamente a las personas a cargo de ejecutar delitos, llevaban a cabo tareas de seguimiento e identificación de personas, e intimidaban a personas, para obtener algún beneficio para la organización.


El segundo de los estamentos está constituido por un grupo de personas que en cumplimiento de sus órdenes llevaban a cabo hechos ilícitos y delictivos tendientes a dotar de impunidad los hechos ejecutados por los integrantes de la organización. Esa tarea era cumplida con el aporte de profesionales, personal policial y otras personas. Entre las tareas realizadas se encuentran la de brindar información falsa a los investigadores del Ministerio Público de la Acusación (MPA), aportar información reservada de las investigaciones en curso al jefe de la organización, omitir la realización de tareas propias de su función en relación a la localización y detención de Esteban Alvarado y simular operativos policiales para incorporar información falsa a las investigaciones. A este estamento lo integran al menos Martín Rey, Marcelo Rey y Jorgelina Ch.



El tercer estamento está integrado por un grupo de personas que se encargaba bajo las directivas de Alvarado de gestionar un entramado de empresas comerciales y unipersonales que le permiten ocultarse tras el amparo que brindan las estructuras societarias. Empresas investigadas, dedicadas especialmente a actividades de logística, transporte y comercialización de rodados y empresas unipersonales. A través de ellas se proveían bienes muebles, inmuebles y servicios a toda la estructura; recursos materiales y humanos disponibles para la comisión de delitos, entre otros aspectos. Esa organización estaba compuesta por Marcelo Nicolás O, Marcelo Rey, Martín Rey y Jorgelina C. entre otros.



Las imputaciones, caso por caso:

►Los fiscales imputaron a Alvarado por liderar una asociación ilícita al menos entre agosto de 2018 y abril de 2019 dedicada a cometer delitos contra la propiedad y las personas, así como llevar a cabo hechos ilícitos para dotar de impunidad a los integrantes del grupo (como aportar información falsa a las investigaciones a través de operativos policiales simulados) y también gestionar "un entramado de empresas comerciales y unipersonales que le permiten ocultarse tras el amparo que brindan las estructuras societarias". Dicha organización estaría integrada por Marcelo Nicolás O, Marcelo R., Martín R., y Jorgelina C. entre otros. También se lo acusa de ordenar a terceros la balacera contra los Tribunales provinciales de la madrugada del 10 de diciembre pasado (donde dejaron el mensaje escrito: "Con la mafia no se jode, Atte: Esteban Alvarado") y también el ataque a tiros producido minutos más tarde contra el Centro de Justicia Penal de Sarmiento 2850. Se lo imputó además por encomendar a otras personas a que dejen la cabeza de un perro en una caja en la puerta de la casa de una empleada del Ministerio Público de la Acusación (MPA), hecho ocurrido el pasado 14 de enero en Rioja al 500, con el fin de influir en la investigación del homicidio de Lucio Maldonado, cuyo cuerpo fue hallado el 13 de noviembre último en la zona de Circunvalación y Oroño.

►El integrante de la Policía de Investigaciones (PDI) Martín R. fue imputado por "tomar parte en una asociación o banda" encabezada por Esteban Alvarado. Habría participado en el ataque a la vivienda de una empleada del MPA y también en el desvío con datos falsos de la investigación por el crimen de Maldonado. Está acusado también de haber indicado a los fiscales que personas de nacionalidad colombiana escondidas en Pueblo Esther serían los autores de los atentados al Centro de Justicia Penal y de los Tribunales Provinciales, "con la intención de desviar la investigación hacia otras 3 personas, una de ellas relacionada con la familia Cantero". Además, habría insertado un teléfono con mensajes de texto apócrifos en un allanamiento del 29 de abril pasado en Rivero al 5200.

►David Marcelo R., también de la PDI, está señalado como probable integrante de la asociación ilícita, por introducir prueba falsa en el allanamiento en calle Rivero al 5200.

►Jorgelina Miriam C. se le atribuye ser miembro de la asociación ilícita. Puntualmente está señalada por el hecho del 18 de diciembre de 2018, cuando le envió por WhatsApp a una subinspectora policial el contacto de una persona relacionada a la familia Cantero con el mensaje: "Ahí ese está recontra relacionado con las balaceras". También habría dicho a fiscales y empleados de la oficina a cargo de la investigación que intervengan las comunicaciones de esa línea telefónica, "todo ello como parte del plan" de Alvarado para desligarse del homicidio de Maldonado.

►Nicolás Marcelo O., también imputado como miembro de la asociación ilícita, se lo señala como "colaborador esencial" de un hecho planeado por Alvarado: la balacera del 31 de enero pasado en Rioja al 500, para intimidar a una empleada del Ministerio Público de la Acusación e integrante del equipo de trabajo de la Unidad de Gravedad Institucional. La colaboración consistió en realizar tareas de seguimiento, y tomar registros fílmicos y fotográficos del domicilio y de un vehículo perteneciente a un testigo en la investigación por el homicidio de Maldonado; "dicha información fue utilizada por personas integrantes de la organización para ejecutar el atentado" e intentar inculpar al testigo.

►Pablo B., integrante del personal policial de la Policía de la Provincia de Santa Fe, que desempeñaba funciones en el Ministerio público de la Acusación y como investigador del equipo de gravedad Institucional del Ministerio, está imputado por incumplir las obligaciones inherentes a su cargo. Dicha acusación apunta a causas iniciadas por distintos atentados de domicilios de magistrados judiciales y dependencias públicas municipales y provinciales. Pablo B. habría entregado información reservada que llegaría a conocimiento de Alvarado, como el mensaje por WhatsApp de Jorgelina C. dirigido a personal policial, advertir sobre los allanamientos del 20 de diciembre (que finalmente no se llevaron a cabo) y revelar información sobre un testigo de identidad reservada que había prestado declaración ante la Unidad de Gravedad Institucional de la Fiscalía.

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