Caso Baraldo: Revocan la prisión preventiva de los imputados por cumplirse los plazos legales máximos impuestos en la legalización

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El Colegio de Jueces de Cámara de Apelación en lo Penal de Santa Fe, así lo resolvió en el día hoy. La resolución judicial fue firmada por los jueces Jorge Andrés y Sebastián Creus – en mayoría-, y Bruno Netri- en minoría-. No implica la consideración de la condena y pena impuesta -no firme- a los imputados en primera instancia (condenados a  penas de 20, 18 y 16 años de prisión efectiva), sino que refiere al cumplimiento de los plazos legales máximos -para privarlos de su libertad sin sentencia firme- establecidos legal, constitucional y convencionalmente, vencidos a los 2 y 3 años respectivamente desde su imposición.

El Colegio de Jueces de Cámara de Apelación en lo Penal de Santa Fe, así lo resolvió en el día hoy. La resolución judicial fue firmada por los jueces Jorge Andrés y Sebastián Creus – en mayoría-, y Bruno Netri- en minoría-. No implica la consideración de la condena y pena impuesta -no firme- a los imputados en primera instancia (condenados a  penas de 20, 18 y 16 años de prisión efectiva), sino que refiere al cumplimiento de los plazos legales máximos -para privarlos de su libertad sin sentencia firme- establecidos legal, constitucional y convencionalmente, vencidos a los 2 y 3 años respectivamente desde su imposición.



El Tribunal pluripersonal del Colegio de Jueces de Cámara de Apelación Penal de Santa Fe, para el caso, integrado por los doctores Bruno Netri, Jorge Andrés y Sebastián Creus resolvió por mayoría, revocar la prisión preventiva impuesta a los imputados, Víctor Hugo Baraldo, Juan Pablo Baraldo (h) y Nidia Noemí Morandini por considerar cumplido el plazo legal máximo que establece la legislación procesal penal vigente para la provincia de Santa Fe.
La resolución judicial –firmada en mayoría-, se limita a la consideración de la apelación de la prisión preventiva restablecida en fecha 12.10.2018, la que fuera solicitada por la fiscalía y la querella con posterioridad a la condena impuesta a los imputados, a penas de prisión de cumplimiento efectivo a  20, 18 y 16 años, la que se encuentra en trámite de apelación, es decir, no ha cobrado estado de firmeza.
En una extensa resolución de más de 55 fojas los jueces de la Alzada – cada uno según su voto- esgrimieron las razones legales y de lógica jurídica, para arribar a una resolución en mayoría.
En la misma se sostiene que: “... en este orden de ideas, el juez no tiene que esperar hasta el momento de dictar sentencia ab¬solutoria para que una persona detenida recupere su libertad, sino que debe valorar periódicamente si las causas, necesidad y proporcionalidad de la me¬dida se mantienen, y si el plazo de la detención ha sobrepasado los lí¬mites que imponen la ley y la razón. En cualquier momento en que aparezca que la prisión preventiva no satisface estas condiciones, deberá decretarse la li-bertad, sin perjuicio de que el proceso respectivo continúe... Son las autori-dades nacionales las encargadas de valorar la pertinencia o no del manteni¬miento de las medidas cautelares que emiten conforme a su propio ordena¬miento. Al realizar esta tarea, deben ofrecer los fundamentos suficientes que permitan conocer los motivos por los cuales se mantiene la restricción de la libertad, la cual, para que no se erija en una privación de libertad arbitraria de acuerdo con el artículo 7.3 de la Convención Americana, debe estar fun¬dada en la necesidad de asegurar que el detenido no impedirá el desarrollo eficiente de las investigaciones ni eludirá la acción de la justicia y que sea proporcional. De igual forma, ante cada solicitud de liberación del detenido, el juez tiene que motivar aunque sea en forma mínima las razones por las cuales considera que la prisión preventiva debe mantenerse”( del voto del Dr. Andrés).
En el mismo sentido continuo el juzgador en otro párrafo: “el legislador ha puesto como límite máximo a la propia cautela (artículo 227, inc. 2º, cit.) cuando establece que no puede durar más de dos años (y la prórroga excepcional si la hubiere, justificándosela según la ley) que no atiende ya a la pena en expectativa sino a la exigencia que la investigación tome un tiempo considerado razonable para que el Estado desarrolle esa investigación. En este último caso, estima el legislador que dos años es tiempo suficiente para alcanzar la finalidad, superado el cual, los fines procesales de seguridad en orden a la adquisición de evidencias y para desarrollar el juicio van perdiendo su efecto y, en todo caso, podrá continuarse el proceso pero ya no con el imputado privado de libertad sin condena. En este supuesto es irrelevante la pena en expectativa”. “La consecuencia de superar ese plazo se encuentra claramente establecida en la norma, cuando señala que “...Vencido dicho plazo, si no hubiera comenzado la audiencia de debate, la prisión preventiva cesará definitivamente...” (cfr. art. 227, párr. 2º, cit.). La interpretación del texto no genera ningún tipo de dudas: en la provincia de Santa Fe el legislador ha tomado la opción político criminal de determinar que el plazo razonable en que una persona puede estar detenido sin condena firme no puede superar los dos años (o tres si se incluye la prórroga excepcional).
Para el caso, en particular, el Doctor Andrés evidenció el derrotero del caso y las afectaciones a las garantías constitucionales: “es menester, entonces, indagar sobre las circunstancias en el proceso que llevaron a la caducidad de la prisión preventiva de los imputados Víctor Hugo Baraldo, Nidia Noemí Morandini y Juan Pablo Baraldo, a fin de determinar si su actual encarcelamiento preventivo se encuentra dentro de los límites razonables exigidos por nuestro ordenamiento legal. En tal sentido, de los registros existentes de este proceso, se pudo determinar que al primero de los nombrados, Víctor Hugo Baraldo, se le impuso prisión preventiva en fecha 17.09.2014, y a los dos años, en fecha 18.08.2016, fue prorrogada por un año más. A la segunda, Nidia Noemí Morandini, se le impuso prisión preventiva en fecha 24.12.2014, la que fue prorrogada a los dos años, en fecha 21.12.2016, por otro año más. Por último, al tercero de los imputados, Juan Pablo Baraldo, se le impuso prisión preventiva en fecha 30.10.2015, y en fecha 22.12.2017, ya vencido el plazo de dos años de su encarcelamiento preventivo, no se hizo lugar a su prórroga.    En la misma fecha, el 22.12.2017, se dispuso “...el cese de la prisión preventiva de Nidia Noemí Morandini, Juan Pablo Baraldo y Victor Hugo Baraldo… ordenando la inmediata libertad de los mismos (art. 227, inc. 2º, del CPP)...”. Esta resolución, por decisión del Colegio de Jueces de Segunda Instancia, fue declarada inválida en fecha 10.05.2018, como consecuencia, a su vez, de la declaración de invalidez de otros actos procesales anteriores. No obstante ello, y si bien en esta resolución los magistrados no se expidieron sobre el cese de la medida cautelar, la misma culminó operando de hecho, pues una vez que recuperaron su libertad, ni la Fiscalía ni la Querella volvieron a plantear la pretensión de la detención de los imputados hasta que finalizó el debate.Así, en estado de libertad, es que concurrieron al juicio donde fueron condenados en fecha 08.10.2018, disponiéndose la realización de una audiencia en fecha 12.10.2018 a los fines de evaluar el reencarcelamiento de los imputados, lo que así se resolvió. Así, se puede apreciar que en fecha 07.08.2017, cuando ya se encontraban los imputados transitando la prisión preventiva (restándole tan solo un mes a Víctor Hugo Baraldo para cumplir los tres años de encarcelamiento), se dicta el auto de apertura de juicio. Iniciado el debate en fecha 25.10.2017, se ve interrumpido en fecha 02.11.2017 cuando el apoderado de la parte querellante planteó la recusación de la magistrada que se desempeñaba como Presidente del Tribunal de Juicio, lo que motivó la suspensión del juicio y la conformación de un Tribunal que resuelva el planteo, Sin embargo, en fecha 06.11.2017, nuevamente la Querella promueve la recusación, pero ahora de los restantes integrantes del Tribunal.Se integran dos Tribunales a fines de resolver los planteos, lo que realizan en fecha 13.11.2017 y 27.11.2017. Sin embargo, ambas resoluciones fueron invalidadas por este Colegio de Jueces de Segunda Instancia, estimando la situación como de “gravedad institucional”. Este derrotero culminó en fecha 30.11.2017, cuando se dispuso declarar la invalidación del juicio.Todo este lapso transcurrió con los imputados privados de su libertad, y en el ínterin, se vencieron las prórrogas (los tres años de detención) de Víctor Hugo Baraldo y de Nidia Noemí Morandini, y vencieron los dos años de Juan Pablo Morandini. Sin perjuicio de que se debería establecer los motivos por los cuales los titulares de la acción esperaron hasta último momento (en términos de lapso de encarcelamiento preventivo), para presentar la acusación, para descartar la eventual hipótesis especulativa de un encarcelamiento preventivo arbitrario, lo cierto es que los planteos que derivaron en la recusación de los integrantes del Tribunal de Juicio y la posterior invalidación, provino de la Querella”. “Así las cosas, es claro en el análisis de los distintos actos procesales, que nos encontramos ante una situación donde el Estado ha perdido toda facultad de exigir la privación de la libertad cautelar de los imputados. Los mantuvo encarcelados un lapso de tiempo excesivo (a dos de ellos durante más de tres años), y la invalidación y/o no realización del debate en término, obedeció a circunstancias que no les son imputables”, concluyó en su voto”, finalizó.
Por su parte, integrando el voto mayoritario el Doctor Sebastián Creus, sostuvo: “...de las constancias de la causa no pueden quedar dudas, y esto no ha sido de ningún modo controvertido, que los imputados cumplieron en prisión preventiva un término de tres años (dos de ellos) y de dos años (uno de ellos), sin que se haya procedido a prorrogar la cautelar, y ello, sin que se haya iniciado el debate porque, cuestión que no se puede discutir según el alcance de anteriores resoluciones firmes (situación que describe el colega Dr. Andrés, a la que me remito), un primer debate de juicio fue invalidado en los términos del artículo 312 cuarto párrafo del Código Procesal Penal (por ende resultan actos procesales sin efecto alguno), y, antes de iniciado el segundo debate (el válido), se habían vencido los plazos máximos de prisión preventiva de los tres imputados, en las condiciones ya mencionadas”. “Entonces, claramente, la cuestión dirimente en el presente caso es si efectivamente el artículo 227 inciso 2) del Código Procesal Penal establece un límite a la prisión preventiva, independiente de la hipótesis prevista en el inciso 1) de la misma norma, y si ese límite es máximo, imposible de superar.
“En este sentido, cuando un Estado ha resuelto autolimitarse en el ejercicio de su poder cautelar en el marco de una investigación criminal, ha realizado una evaluación de costos y beneficios en términos de respeto a los derechos al imputado frente al poder coercitivo estatal y ha llegado a la conclusión de que superado ese límite temporal, el Estado habrá excedido más allá de lo tolerable en el uso de su poder..... Resulta indiscutible que las reglas de la ley 24.390 instrumentan el derecho garantizado en el artículo 7. 5. de la Convención”.    
En relación a la referencia autoral del voto del doctor Creus, se destaca que: “Todos los autores citados, además de la jurisprudencia mencionada, distinguen claramente, reitero, dos situaciones no vinculadas entre sí: el agotamiento de la prisión preventiva por haber alcanzado un término análogo al que se puede esperar de la condena, y el agotamiento por haber traspuesto un límite máximo que el legislador entiende suficiente para que el Estado concrete la persecución en un juicio. Una no tiene que ver con la otra. Y todos, invariablemente, interpretan que ambos casos son de “cese de la prisión preventiva”, pues la tradición histórica jurídica, aún en los Códigos anteriores, denominaba con ese término supuestos de agotamiento de la prisión preventiva”.
Y continuó: “...sobre la norma local santafesina también hay consenso, basta la lectura de los textos de los Códigos comentados que se encuentran en uso frecuente (Nuevo Código Procesal Penal de la Provincia de Santa Fe, Daniel Erbetta, Tomás Orso, Gustavo Franceschetti, Carlos Chiara Díaz, Zeus, Rosario 2008,  págs. 449 y siguientes; y Baclini Jorge C., Schiappa Petra Lus A., Código Procesal Penal de Santa Fe, de. Juris, Rosario 2017, tomo 1, págs. 588 y siguientes). Resaltan las obras citadas que, en el primer caso, se indica el plazo como fatal, cuyo vencimiento implica la prolongación ilegal e inconstitucional de la prisión preventiva, y, en el segundo, que el supuesto previsto en el artículo 227 inciso 2) del Codigo Procesal Penal es distinto del previsto en el inciso 1), y ambos implican la extinción de la cautela. .... Ya se ha mencionado, y consta en la causa, que el debate válido comenzó estando en libertad los imputados, justamente, por haberse superado -holgadamente, por cierto- el plazo máximo previsto en la citada norma, lo cual implica que el Estado ha perdido la posibilidad de cautelar con privación de libertad a los imputados en el resto del proceso”. “Una aclaración que corresponde, por el contenido de las manifestaciones de las partes, aunque no sería necesaria hacerla -al menos para los letrados-, es que esta decisión de ningún modo implica impedir una eventual condena, o el curso del proceso, pues, la inocencia o responsabilidad de los imputados de la  causa será objeto de tratamiento en la apelación de la sentencia de juicio, que se encuentra en trámite, y, por ello, no se constituye una situación de negación de acceso a la jurisdicción para la victima. En este mismo sentido, revocar una prisión preventiva o sostenerla no tiene otro alcance que el meramente cautelar y no supone, la primera, afirmar una absolución, o la segunda, afirmar una condena”.
Por su parte aclaró: “Esto no significa desconocer el drama humano que la víctima ha sufrido o dice haber sufrido -según sea el resultado final de la causa- pero, en todo caso, habrá que preguntarse quien es el responsable que este proceso haya llegado al punto en que, transcurridos mucho más de tres años, no se inició el debate y fue precedido de uno frustrado, cuestión que, por supuesto, es ajena a esta resolución(...) inclusive, no podría sostenerse una situación de desprotección de la víctima cuando el Estado tiene otros ámbitos distintos al judicial para proveer protección, cosa que ha sucedido y se encuentra en vigencia para este caso, no solo porque lo aceptaron las partes como cierto, sino porque es notoria la custodia de personal de seguridad para la víctima y sus allegados, concluyó.

El tercer voto en disidencia, fue esgrimido por el doctor Bruno Netri, quién presidió la audiencia de apelación de cese de la medida de prisión preventiva, solicitada por la defensa técnica de los imputados.
En su extenso fundamento – primero en orden de votación- sostuvo: “Pues, la circunstancia de que la sentencia condenatoria -no firme-  existe  -lo cual es un hecho que está fuera de discusión por las partes, más allá de si, luego, es o no confirmada o revocada o anulada-; y que por la misma se resolvió penas de 20, 18 y 16 años de prisión para cada uno de los imputados -lo cual también está fuera de discusión por las partes; independientemente a que fueron impugnadas-; todo ello, luego de un juicio oral y público -lo que también es un hecho no discutido por las partes, en cuanto a su existencia material-; torna que lo considerado por el tribunal a quo al respecto sea fundadamente razonable”. “En tal sentido, obsérvese que el Tribunal de grado, para merituar los “riesgos procesales” en el caso, no evaluó exclusivamente -como propone el recurrente- las condiciones personales de los imputados ligadas a la situación social de cada uno de ellos -domicilio, trabajo, edad, vínculos familiares, entre otros-; sino que merituó también -acertadamente- los otros extremos objetivos que concurrieron en el caso, vgr., la gravedad del hecho, la valoración provisional de sus características, y -entre otros y sin dudas- el agotamiento de una instancia que los halló culpables (que, reconózcase, es cierto que tal sentencia no se encuentra firme; pero más cierto aún, en cuanto ello ya es definitivo, que se agotó esa primera instancia); los que fueron y deben ser necesariamente apreciados en su conjunto  en conclusión, los 2 años (o 3, según el caso) no son técnicamente un techo, tope o “límite” temporal máximo en abstracto a la regla I (que define solo a tales fines el principio de proporcionalidad según apreciación judicial); sino que, en rigor, constituyen simplemente circunstancias de hecho (captadas por la norma) que exigen (en cuanto introducen) un requisito de derecho suplementario (un plus procesal) para mantener la prisión preventiva (que opera como condición objetiva “suspensiva” de razonabilidad; independientemente a su proporcionalidad que es el único límite temporal máximo en abstracto). De allí que dictada sentencia condenatoria, independientemente de que la prisión preventiva haya o no cesado por la regla II (segunda condición objetiva -pero, en su caso, ya “resolutiva” de la primera- de razonabilidad), si sigue siendo “proporcional” podrá reimponerse (precisamente, porque no se extinguió aún ese único y verdadero límite temporal previsto por el legislador a tales fines; no obstante, aclárese, que en el caso concreto que se trate, luego, pueda no ser finalmente procedente por otras circunstancias ajenas -cfr. art. 220, incs. 1° y 3°, CPP-)”.
“Esta interpretación de la norma local (art. 227, CPP) es la que, efectivamente, se adecúa y responde coherentemente al sistema del CPP de Santa Fe, porque: I.- se ajusta, ante todo, a la exégesis de su ley (cfr. arts. 205.3, 206, 220.2 y 227, CPP); pues, independientemente de eventuales proposiciones y/o pretensiones de lege ferenda; lo cierto es que, en puridad, de lege lata se establece explícitamente (asentado sobre el principio -lógico y ontológico- de no contradicción, cual importa que nada puede ser y no ser simultáneamente) “un único límite” temporal máximo en abstracto, fijado por la proporcionalidad según apreciación judicial, en cuyo contenido y extensión se han contemplado legalmente condiciones autónomas de razonabilidad (que si bien los abarca -en cuanto fases de continuidad en el marco progresivo del proceso- no se identifican con aquél). En efecto, interpretar lo contrario conlleva al siguiente razonamiento (cual, por cierto, reafirma el acierto y validez de la interpretación que aquí se sostiene, en tanto conduce, a su vez, a la misma conclusión): “decir” que el “límite” es de 2 años, pero “admitir luego” una prórroga (así sea eventual y excepción) de 1 año más, significa entonces que los 2 años no es el “límite” sino 3; sin embargo, si luego se “reconoce asimismo” que de suceder un determinado acto procesal (inicio del debate de juicio) “habilita a su vez a exceder” esos 3 años, significa entonces que esos 3 años tampoco es el límite máximo, sino en todo caso la finalización del juicio; pero si, además, se “admite finalmente” que dictada sentencia condenatoria el límite de la prisión preventiva será exclusivamente la proporcionalidad y ya no se adiciona luego ninguna otra “prórroga” ni “habilitación de excesos”, significa entonces que el “único límite” temporal máximo en abstracto (en cuanto, reitérese, “fin”, “término”, “remate” o “consumación de algo”) es, efectivamente, ése; mientras que todos los supuestos anteriores no son más que, efectivamente, meras condiciones objetivas -suspensivas unas y resolutiva la última de aquéllas- de razonabilidad. II.- compatibiliza, asimismo, con lo dispuesto en el artículo 225 del CPP -primera y segunda parte-; en tanto esta otra norma citada prevé la posibilidad de “morigeración” o “revocación” de la prisión preventiva, no su “cesación” por haber alcanzado el límite temporal máximo en abstracto fundado exclusivamente en el principio de proporcionalidad según apreciación judicial (cfr. art. 227, CPP), sino por criterios de razonabilidad (vgr. por inacción o inactividad del MPA durante 90 días). Es decir, lo dispuesto en el artículo 225 del CPP refiere a un control periódico de legalidad de la cautelar -que, por cierto, solo procede a instancia de parte- en relación a un criterio objetivo de razonabilidad que -al igual que los demás criterios objetivos de razonabilidad, ya previstos en el artículo 227 del CPP- tiene que ver con el “avance o no del proceso”; por el contrario, el artículo 227 del CPP -en cuanto prescribe el límite temporal máximo en abstracto de la prisión preventiva- refiere, no a ese preciso control sino a otro, cual es, el control de legalidad de la cautelar -aún de oficio- en relación al principio de proporcionalidad, que tiene que ver -no con el avance o no del proceso, sino- con la “pena” que razonablemente pudiera corresponder en caso de condena. III.- complementa (sino, completa) racionalmente la decisión del legislador de no haber consagrado expresamente una norma concreta específica que fije un plazo determinado para el procedimiento de la IPP (Investigación Penal Preparatoria; cfr. Libro III, Título I, CPP) y el PI (Procedimiento Intermedio; cfr. Libro III, Título II, CPP); por tanto y en consecuencia, el plazo de los 2 años con su eventual y excepción prórroga de 1 año más (cfr. art. 227, CPP), en rigor, se erige efectivamente y refiere directamente a ese plazo para cuando en su marco se ha dispuesto una prisión preventiva; reafirmándose así que aquellos sirven, entonces, como condiciones objetivas de su razonabilidad (en cuanto la cautela lo es, en definitiva, para asegurar el avance del proceso; de acuerdo con los principios de seguridad jurídica, celeridad, progresividad y preclusión, cfr. Fallos: 272:188), pero no como límite temporal máximo en abstracto de la misma; pues, si bien ésta tiene lugar, sin dudas, en el marco de un proceso penal, éste no se agota ni consuma en aquellos plazos, como tampoco y compatiblemente -se ha previsto- la prisión preventiva -lo que tampoco significa que ésta deba durar todo el proceso, sino solo si, reitérese, en función exclusiva de su proporcionalidad-“.
Y agregó: “Finalmente, esta interpretación de la norma local se ajusta también coherentemente a las normas superiores del sistema que compone el Ordenamiento Jurídico vigente, porque: I.- el “único límite” temporal máximo en abstracto que surge constitucional (cfr. arts. 14 y 18, CN) y convencionalmente (cfr. art. 7, CADH; art. XXV, DADDH; y art. 9, PIDCyP; todo ello, en función del art. 75.22, CN) es el de la proporcionalidad, cual receptó el legislador provincial en el actual CPP. II.- y si bien la CorteIDH y la ComisiónIDH han sostenido que el Estado Nacional en ejercicio de su soberanía (en el caso Provincial, por el de su autonomía en el sistema federal; cfr. arts. 1°, 75.12 -a contrario sensu- y 121, CN) puede -válidamente- autolimitarse a tales efectos (fijando un plazo numérico fijo a tales fines); no menos cierto aún es que también han sostenido -como premisa de esa afirmación- que la “única obligación internacional convencional” (art. 7°, CADH) es el de la proporcionalidad (cfr. [...] que es, reitérese, la que receptó el legislador provincial en el actual CPP.    En conclusión hasta aquí y en cuanto concretamente se refiere a este caso en particular, corresponde sostener entonces la legalidad de la cautelar impuesta a los imputados por el Tribunal a quo, al haber tenido potestad -constitucional, convencional y legal- para disponer la misma en el momento que lo hizo (cfr. regla III indicada) por resultar a todas luces proporcional (cfr. regla I indicada), además de razonable, atento que -entre otras circunstancias- ya se ha agotado una instancia sobre el fondo y ya se encuentra sustanciándose -conforme lo informado por las partes en la audiencia de apelación- en segunda instancia aquella cuestión -por lo que el tiempo que resta para que se determine definitivamente, ya sea por absolución o sobreseimiento o confirmación de la sentencia condenatoria, no ha de exceder lo razonable –.
En relación a otro de los puntos controvertidos por la apelante el doctor Netri, argumento: “... en consecuencia, corresponde -ahora sí- ingresar a la segunda cuestión planteada, esto es, si en el caso -además de proporcional- es procedente la prisión preventiva y si, a su respecto, la resolución venida en apelación está debidamente fundamentada; adelantándose desde ya que ninguno de los motivos de agravio del apelante lucen hábiles para conmover lo decidido. I.- En efecto, fíjese así, en relación concreta al cuestionamiento de la concurrencia del primer recaudo para la procedencia de la prisión preventiva (cfr. art. 220.1, CPP); que los fundamentos dados por el Tribunal a quo se ajustan a derecho. Pues, si bien es cierto que al momento de su dictado el Tribunal de baja instancia no conocía -por razones materiales y temporales- los fundamentos de la sentencia condenatoria -conforme lo informado por las partes en la audiencia de apelación y sobre lo cual no hubo ninguna controversia al respecto-; no menos cierto aún es que, al momento de su pronunciamiento, sí ya existía una sentencia condenatoria “no firme” contra los imputados por hallarlos penalmente responsables de distintos hechos delictivos; punto sobre el cual todas las partes son coincidentes. Y es ésto lo que, en definitiva, valoró el Tribunal de primera instancia. No si se encuentra o no firme esa sentencia, sino -lo que coincidieron todas las partes en la audiencia respectiva- que ya se dictó una sentencia condenatoria no firme cual fue informada por las partes al Tribunal, además de que se brindó información sobre las pruebas de cargo que verificarían este primer recaudo.
En definitiva, el Tribunal a quo resolvió esta cuestión “...no [por] los fundamentos de la condena...[sino por] la información y argumentación aportadas por las partes en audiencia...” (cfr. párrafo tercero del Considerando de la resolución atacada). Por lo que, luego, el Tribunal de primera instancia ajustó su proceder a los principios de jurisdiccionalidad, contradicción e inmediación, y sobre esa base motivó y fundó su decisión sobre el punto (cfr. art. 95, Const. Prov.; art. 140, CPP; y art. 9°, Ley Provincial N° 13.018). A ello se agrega que, si bien no se produjo prueba en la audiencia de prisión preventiva -como refiere la defensa-; como es sabido, esto no es un requisito legal excluyente para evaluar la procedencia (del primer recaudo) de la prisión preventiva (cfr. art. 224 -última parte del tercer párrafo-, CPP), sino sí la información y argumentación que hagan las partes al respecto (ibídem; también, mutatis mutandis art. 7°, Ley Provincial N° 13.018). Asimismo, y sin perjuicio de lo que antecede, súmese que la sentencia condenatoria no firme que fuera dictada contra los imputados -cuya existencia, reitérese, no está en tela de juicio- es un elemento de convicción de por sí más que suficiente para tener por verificado el primer recaudo, en tanto éste -a diferencia de aquélla- no exige certeza (cfr. art. 5°, CPP) sino probabilidad (cfr. art. 220.1, CPP). Por lo que, luego, la ausencia de firmeza tampoco tiene ninguna incidencia al respecto. II.- Por otra parte, en relación al cuestionamiento de la concurrencia del segundo recaudo para la procedencia de la prisión preventiva (cfr. art. 220.2, CPP); nótese que también aquí los fundamentos del auto recurrido lucen igualmente ajustados a derecho por semejantes razones a las precedentemente indicadas. Pues, la circunstancia de que la sentencia condenatoria -no firme- existe -lo cual es un hecho que está fuera de discusión por las partes, más allá de si, luego, es o no confirmada o revocada o anulada-; y que por la misma se resolvió penas de 20, 18 y 16 años de prisión para cada uno de los imputados -lo cual también está fuera de discusión por las partes; independientemente a que fueron impugnadas-; todo ello, luego de un juicio oral y público -lo que también es un hecho no discutido por las partes, en cuanto a su existencia material-; torna que lo considerado por el tribunal a quo al respecto sea fundadamente razonable. III.- Finalmente, en cuanto al cuestionamiento de la concurrencia del tercer recaudo para la procedencia de la prisión preventiva (cfr. art. 220.3, CPP); destáquese que el Tribunal a quo no solo explicita un fundamento al respecto (v. párrafo 6° y ss del Considerando de la resolución apelada), sino que además los mismos lucen acertados. Pues, efectivamente, los mismos se ajustan a lo dispuesto en los arts. 221.1 (presunta magnitud y modo de cumplimiento de la pena), 221.2 (presuntos daños producidos en la víctima) y, entre otros, 221.3 (presuntos peligros que sufrieron la víctima, alguno de sus familiares y testigos); siendo igualmente correctas las consideraciones acerca del especial deber de cuidado del Estado en relación a las víctimas menores de edad en situación de vulnerabilidad. En tal sentido, obsérvese que el Tribunal de grado, para merituar los “riesgos procesales” en el caso, no evaluó exclusivamente -como propone el recurrente- las condiciones personales de los imputados ligadas a la situación social de cada uno de ellos -domicilio, trabajo, edad, vínculos familiares, entre otros-; sino que merituó también -acertadamente- los otros extremos objetivos que concurrieron en el caso, vgr., la gravedad del hecho, la valoración provisional de sus características, y -entre otros y sin dudas- el agotamiento de una instancia que los halló culpables (que, reconózcase, es cierto que tal sentencia no se encuentra firme; pero más cierto aún, en cuanto ello ya es definitivo, que se agotó esa primera instancia); los que fueron y deben ser necesariamente apreciados en su conjunto. En efecto, constituyen pautas válidas a merituar para mensurar “riesgos procesales”, “...la naturaleza del delito imputado, y los motivos que lo condujeron a delinquir...también que ostente una personalidad proclive al respeto de las disposiciones legales, y las reglas sociales y morales de convivencia...que los bienes jurídicos que pudieran encontrarse comprometidos sean de una entidad suficiente para sustentar la medida...La posibilidad de que el acusado coarte a los testigos u otros sospechosos, o los induzca a falsear su declaración o a sustraerse a su deber de presentarse al llamado judicial, debe necesariamente ser analizada a la luz de su real capacidad para obrar en tal sentido. Así, son factores que permiten suponer ese extremo, que los testigos habiten la misma zona que el imputado -máxime cuando se trata de ámbitos geográficos en los que la inseguridad y los índices de criminalidad sean particularmente elevados-, los antecedentes violentos del imputado...una alegación en tal sentido -dirigida a restringir la libertad- debe ser siempre fundada en las circunstancias de la causa y jamás en meras afirmaciones dogmáticas; y resaltamos en particular que debe también ser acompañada de los recaudos necesarios para asegurar la vida e integridad física del testigo amenazado y su familia, dado que el encarcelamiento del imputado no evita el peligro de que otras personas (v.gr., posibles secuaces) intenten atentar contra ellos...” (cfr. CNCP, Acuerdo Nº 1/2008, en Plenario Nº 13, “Díaz Bessone, Ramón Genaro s/ recurso de inaplicabilidad de ley”, del 30/10/2008, según voto del doctor Riggi; los destacados no pertenecen al original). En ese orden de ideas, apréciese además que también luce igualmente correcto lo considerado por el Tribunal a quo, en cuanto a que en el “actual” conflicto de intereses/derechos en pugna (el de los imputados sometidos a proceso en prisión preventiva y el del menor -víctima del hecho investigado-), debe necesariamente prevalecer el interés superior del niño (cfr. art. 75.22, CN; concretamente, Preámbulo y art. 3° de la Convención sobre los Derechos del Niño y art. 19 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos; además, art. 3, in fine, Ley Nacional N° 26.061; y art. 4, in fine, Ley Provincial N° 12.967).  Y tal prevalencia supone, en este caso en particular, garantizar primeramente al menor un contexto “actual” que permita paliar en la medida de lo posible la situación de vulnerabilidad que presuntamente ha sufrido; pues, “...La prevalencia del interés superior del niño debe ser entendida como la necesidad de satisfacción de todos los derechos de la infancia y la adolescencia, que obliga al Estado e irradia efectos en la interpretación de todos los demás derechos de la Convención cuando el caso se refiera a menores de edad...” [...] “Todo lo cual evidencia, con el suficiente grado de conocimiento exigido para la imposición de la prisión preventiva, la gravedad del hecho atribuido por los bienes jurídicos comprometidos y por la valoración provisional de sus características; sumado a la naturaleza del delito imputado y los bajos motivos que presuntamente condujeron a los imputados a delinquir. En conclusión, todos estos extremos objetivos que verificaron los juzgadores de primera instancia en el caso tornan correctamente procedente la prisión preventiva en cuestión. Pues, la circunstancia de que los imputados sean familiares directo de la víctima, permite válidamente sostener que los mismos conocen su entorno, amigos, vecinos y demás familiares, en definitiva, el centro de vida que tuvo y tiene el menor; por lo que los imputados tienen una “real capacidad” para influir en el mismo.
Para finalizar sostuvo: “... aclárese que los riesgos procesales no pueden examinarse con márgenes de certeza sino de probabilidad, pues, obviamente, lo que aquí se evalúa es la eventualidad fundada de que los cautelados materialicen tales riesgos (cfr. art. 220, CPP). En este sentido, nótese que de la exégesis del artículo 220.3 del CPP se exige claramente una “presunción” al respecto, es decir, indicios que permitan suponerlos razonablemente; primero, por la etapa en la que ha arribado la causa; segundo, por la naturaleza provisoria de la medida cautelar que, como tal, puede reformarse (cfr. art. 225, CPP); y, tercero, porque precisamente supone un pronóstico (a futuro) que se intenta evitar, en cuanto constitutivo de una hipótesis (acción futura) que es factible suponer que suceda de no cautelarse”
Y así voto en disidencia por sus argumentos: “..., corresponderá confirmar la resolución judicial de primera instancia dictada verbalmente el 11/10/2018 -con fundamentos por escrito del 12/10/2018-, en lo que ha sido materia del recurso de apelación; y, en consecuencia, a todo evento tener presente las reservas efectuadas.

Santa Fe, 9 de noviembre de 2018.        



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