Carlos Ascaíni amplió su testimonio en el juicio oral a Hugo Tognoli

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El hombre acusado de ser un narco de Villa Cañás que actuaba bajo la protección del jefe policial apuntó contra la investigación de la PSA

El hombre acusado de ser un narco de Villa Cañás que actuaba bajo la protección del jefe policial apuntó contra la investigación de la PSA



Carlos Andrés Ascaíni, acusado como supuesto narcotraficante y de actuar bajo la protección del ex jefe de policía de Santa Fe, Hugo Damián Tognoli, solicito ayer ampliar su declaración indagatoria en el marco del extenso juicio oral y público que ambos afrontan junto a otras 25 personas y que transita sus últimos capítulos con vistas a los alegatos de cierre, previstos para febrero de 2018. "Yo no conocí la época de la dictadura militar, pero la persecución de la Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA) hacia mi persona fue lo más parecido", se despachó Ascaíni ayer ante el Tribunal Oral Federal Nº 2 de Rosario, en referencia a la pesquisa en la que considera que fue "embagallado para justificar la detención de Tognoli."

Ante las jueces Beatriz Caballero de Barabani, Omar Digerónimo y Ricardo Moisés Vázquez, el hombre de Villa Cañás, localidad donde se gestó la pesquisa que desembocó en la polémica detención del ex jefe de policía provincial, no se guardó nada.

Ásperas críticas

Durante dos horas, en tono enérgico, Ascaíni hilvanó con cierto desorden temporal las situaciones que derivaron en su acusación. Y no ahorró ásperas críticas a la tarea de inteligencia y seguimiento que desplegó la PSA sobre él y su entorno.

"Nunca me llamaron a declarar. Me presenté varias veces en la comisaría de Villa Cañás para dar cuenta de esa situaciones", recordó sobre la presencia desde 2009 de los vehículos civiles asignados a la PSA que lo monitoreaban. Esa investigación había sido iniciada por la fiscal federal Liliana Bettiolo en 2009 y quien, a partir de una nota periodística de 2012 acusó a Tognoli de brindar cobertura a Ascaíni, a quien el jefe comunal de Villa Cañás había señalado como jefe de una banda narco.

La fiscal planteó entonces la hipótesis que desde la comisaría le habían proporcionado información a Ascaíni sobre dos vehículos que lo perseguían y que pertenecían a la PSA. Según esa hipótesis, los policías santafesinos cobraban por eso.

Cuando la pesquisa sobre Ascaíni salió a la luz Tognoli era jefe de la policía provincial. La fiscal acusó al funcionario, pero el juez federal Carlos Vera barros le dictó la falta de mérito. Como la fiscal no apeló, la Procuradora General de la Nación la apartó de su cargo y posicionó en su lugar al fiscal Juan Patricio Murray quien consideró que Tognoli facilitó una clave del Registro de la Propiedad Automotor a sus subordinados para que averiguaran dominios de vehículos aportados por Ascaíni a fin de establecer si pertenecían a fuerzas de seguridad.

Murray utilizó la inédita figura de "empresa criminal conjunta" y definió que Tognoli (garantizaba que se evitara la persecución contra Ascaíni). De esa empresa eran parte, según el fiscal, los policías Alfredo Quintana (agente de la comisaría de Villa Cañás) y Néstor Juan Fernández (por entonces jefe de la brigada de Drogas de la UR VIII).

Frente a esta acusación el juez Vera Barros procesó a Tognoli en marzo de 2013 y el trámite fue elevado a juicio por su par Marcelo Bailaque a fines de 2015.

Tras las rejas

En ese momento ya habían sido detenidos Ascaíni (en marzo de 2012, liberado seis meses después y vuelto a detener en marzo de 2013) y Aldo "Totola" Orozco, condenado en 2016 a 6 años de prisión por otro hecho.

Al ampliar ayer su declaración, Ascaíni trató en todo momento de despegarse de Tognoli y los coletazos del estallido político que provocó esa situación. Y se situó como un "hombre de trabajo" que terminó embagallado para justificar la detención del ex jefe policial.

"Todo esto comenzó el 13 de febrero de 2009 con un allanamiento de Daniel Bertrán (jefe de la seccional de Villa Cañás) a mi casa donde me dijo si tenía idea de lo que había pasado. Eran las tres de la mañana y pensé que le pasaba algo a un familiar. Pero era porque le habían pegado tres tiros a la casa de una persona. «Investigalo vos, yo no se en qué anda»", marcó Ascaíni.

El hombre, de 42 años, contó al tribunal que vivía "prácticamente todos los días en el campo" y que recién veía a sus hijos durmiendo cuando llegaba a su casa. Y que siempre tuvo "todos los aportes a la Ansés al día".

"Me da bronca todo ésto, nunca tuve orden de captura. Cuando pregunté a Bertrán de dónde eran los autos que me seguían, me dijo quedate tranquilo que es una investigación de la PSA por orden de la jueza Laura Cosidoy", recordó. "Tuvimos mucho miedo con mi familia. Y junto a mi mujer y mis tres hijos nos fuimos a dormir al campo durante varios días", refrescó .

Bajo custodia

También relacionó la declaración de uno de los agentes de la PSA que testificó en el juicio sobre la vigilancia diaria que realizaban en su casa. "Estaba en un auto frente a mi casa, me dijo que tenía un problema de temperatura y el auto estaba frío. Me dijo que sólo sacaron fotos, pero las únicas que puede haber son de cuando llevo a mis hijos a la escuela", retrucó.

Ascaíni llegó al banquillo de los acusados por el famoso operativo "Pan de azúcar", cuando lo apresaron en un cruce de rutas cercano a Chapuy en un procedimiento que mereció una primera anulación judicial pero fue convalidado por la Cámara de Apelaciones. Fue el 8 de mayo de 2012 cuando el ex jefe de Drogas Peligrosas de la UR VIII, Alejandro Druetta, lo apresó en un Audi A4 con un arma de fuego (fue absuelto por ese delito) y un pan de 1.168 gramos de cocaína que resultó ser azúcar en un 96 por ciento.

Dejando en claro que se trató de un caso orquestado, Ascaíni dijo que 12 días antes había presentado un hábeas corpus por el hostigamiento policial. "Casualmente después me allanan la casa. La impotencia que uno tiene es que no se puede hacer nada. Me mandan a detener porque lo detienen a Tognoli. Pero yo no lo conozco, ni a él ni a (Juan) Fernández". Después volvió a criticar el trabajo de la PSA. "Yo no conocí la dictadura, pero la persecución de la PSA fue lo más parecido. Nunca me fugué y no tengo nada que ver con ésto. ¿Qué clase de narco soy, uno pobre que hasta antes de ésto no tenía rejas ni alarma en mi casa y se deslomaba trabajando, que teníamos empleados y estaban todos registrados en la Ansés? Es fácil averiguarlo", instó al Tribunal.

Bajo la cama

E insistió: "Trato de explicar las mentiras de la PSA y Druetta para embagallarme, como cuando estando yo preso detuvieron a mi mujer (Carina L.) después de tirar paquetes debajo de la cama de la habitación de mi casa. Teníamos miedo de que nos claven drogas y pasó. Me detuvieron porque lo querían a Tognoli", lanzó. Y cuestionó que la instrucción de la causa "no hizo nada".

"Mi esposa fue detenida porque detectaron 0,5 por ciento de pureza de cocaína en lo que plantó Druetta. Con eso la mantuvieron presa a Carina. Yo me separé pero vivía con ella de común acuerdo, en una habitación donde tiraron la droga. Por denunciar eso estoy acá", se excusó.

Después apuntó a funcionarios del Ejecutivo provincial. "Acá tiene que venir a dar explicaciones el ministro de Seguridad Maximiliano Pullaro. ¿Qué hacía él con mi hermana en un hotel alojamiento. Qué hacía Pullaro con la hermana de un narco? Le dio 5.000 pesos para salir con ella y pasar unas noches. Yo lo digo, total ya estoy jugado. No entiendo hasta cuándo lo van a proteger", disparó.

Apenas con una sola interrupción en las dos horas de alegato, solicitó al Tribunal que analice las escuchas donde se lo vincula con un tal "Limón" y el mismo Orozco, quien lo menciona en una conversación. "Hay personas de apellido Ascaíni en Firmat también", apuntó, y negó conocer al acusado Orozco.

Para no dejar ningún flanco abierto, se refirió a la investigación paralela que en su momento motorizó la Unidad de Investigación Financiera (UIF) sobre su patrimonio. "La UIF no se presentó como querellante en el juicio porque todo lo que tengo lo hice trabajando", replicó.

Finalmente solicitó al Tribunal que investigue su situación impositiva y patrimonial, que se cotejen informes científicos y pericias toxicológicos sobre el escaso grado de pureza de la droga que se secuestró en su casa al ser allanada cuando apresaron a su mujer.

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