El Secretariado Nacional de la Unión Argentina de Trabajadores Rurales y Estibadores, puso en funciones al Cro. Hugo Perino actual titular de la Seccional Rafaela a cargo de dicha Delegación, la cual funciona en la capital provincial. El mismo cumplirá su mandato hasta abril de 2020, teniendo a su cargo 27 seccionales zonales, conservando además sus funciones en Rafaela.

Así lo informaron veedores del Ministerio de Justicia. El sindicalista busca desligarse.
La fundación del sindicato de Víctor Santa María no puede justificar donaciones y gastos millonarios



Después de las últimas intimaciones y la multa aplicada por parte de la Inspección General de Justicia (IGJ), la Fundación Octubre Trabajadores de Edificios, vinculada al gremialista Víctor Santa María, continúa -según el informe de los veedores- sin explicar operaciones por 44.464.957 pesos sobre la percepción de donaciones y convenios para la realización de “audiovisuales y producción de películas de publicidad”.


La veeduría contable realizó un primer informe, al que accedió Clarín, donde se concluyó que las cifras no son claras y que hay diferencias entre la documentación entregada.
La fundación del sindicato de Víctor Santa María no puede justificar donaciones y gastos millonarios



El multimedio propiedad de Víctor Santa María (entre ellos el diario Página 12, AM 750, Caras y Caretas, entre otros) es administrado por la Fundación Octubre de Trabajadores de Edificios, perteneciente al Sindicato Único de Trabajadores de Edificios de Renta y Horizontal (SUTERH), hoy fiscalizada y bajo observación permanente por una serie de inconsistencias detectadas en sus números.

De los estados contables 2015-2016 analizados por la IGJ que tiene potestad de fiscalización permanente sobre la entidad, se observó que en el ítem “Estado de Recursos y Gastos” se consignaron donaciones por 16.987.564,26 pesos, y otras en concepto de “incentivos a la educación” por 10.828.790,80 pesos. Estos números superan el monto mensual que estipula la IGJ.
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La propia normativa obliga a que las fundaciones que reciban donaciones o aportes de terceros por sumas que superen los $ 70.000 “deberán presentar anualmente una declaración jurada”. Después de la multa aplicada por el organismo que depende del Ministerio de Justicia, la Fundación entregó parte de dicha documentación, pero fue "insuficiente y poco clarificadora", según la IGJ.

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