Vacunación VIP: denuncias de la oposición y causas judiciales ponen en jaque a gobernadores e intendentes

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Hay revelaciones de inoculaciones irregulares en distintas provincias y municipios; el Gobierno las monitorea

Hay revelaciones de inoculaciones irregulares en distintas provincias y municipios; el Gobierno las monitorea





Tras el escándalo nacional por las “vacunaciones VIP” en el Ministerio de Salud y en el Hospital Posadas, en distintos puntos del país se reproducen las denuncias públicas y formales ante la Justicia por irregularidades. Los casos complican a los gobiernos provinciales y municipales, mientras que en Casa Rosada los siguen de cerca.

Hasta la revelación del vacunatorio VIP, Salud había mantenido bajo celosa reserva la información vinculada al plan de vacunación. Solo los viceministros de esa cartera, el Presidente y el jefe de Gabinete accedían a los datos, a través de una app digital diseñada especialmente para el Gobierno. Por caso, el argumento que dieron a este medio hace dos semanas, ante una consulta sobre la cantidad de dosis distribuidas de la vacuna a cada provincia, fue que estaban impedidos de entregar esos datos por “respeto a la autonomía de las provincias”.

Apenas después del escándalo que terminó en el desplazamiento del ministro Ginés González García, en la Casa Rosada se barajó la posibilidad de “abrir”, en lo inmediato, toda la información sobre las vacunaciones, para exhibir una intención de transparencia tras el duro golpe en la imagen del Gobierno por la revelación de la oscura trama de diálogos y favores entre figuras del poder, desde funcionarios, a periodistas y sindicalistas.

Según pudo saber Infobae, el fin de semana siguiente al estallido del escándalo por la vacunación irregular, hubo fuerte presión, desde las provincias, para evitar que se publicaran las listas de inoculados por localidad. La divulgación de esa información podría dejar mal parados a muchos funcionarios y causar daño político a las administraciones locales.

La idea, en un principio, se concretó parcialmente. El Gobierno decidió transparentar, esta semana, una porción de los datos. Publicó las dosis entregadas a cada provincia, los totales de aplicación de primera y segunda dosis, y los grupos que la recibieron hasta ahora. Pero no difundió, por el momento, los nombres de las personas que fueron vacunadas.

Esa información estaría disponible en lo sucesivo. Vizzotti firmó el viernes una resolución que crea un “Sistema de Monitoreo” del Plan de Vacunación, donde se incluye un punteo sobre sus alcances. En el noveno ítem resuelve que “el Ministerio de Salud podrá difundir a través de los medios o poner a disposición de todo aquel que lo solicite, la información sobre quienes recibieron la vacuna contra Covid-19. Detallará nombre y apellido, fecha de nacimiento, DNI, cargo o función, repartición, vacuna recibida, número de dosis, fecha de aplicación y lugar de vacunación”.

Aunque la información aún no está disponible, durante la semana que siguió a la revelación del “vacunatorio VIP” comenzaron a brotar datos de personas vacunadas que no se encuentran en los grupos prioritarios, a través de presentaciones judiciales de las oposiciones locales.

En Córdoba, el diputado nacional Luis Juez y el senador Ernesto Martínez, ambos representantes de Juntos por el Cambio, hicieron una presentación ante el fiscal federal Carlos Casas Noblega, con un pedido para que se investiguen casos de posible vacunación irregular en la gobernación, que conduce el peronista Juan Schiaretti, y en distintos municipios.

Según pudo saber este medio, los legisladores opositores recibieron información que indicaba que se estaba inoculando a personas a las que no les correspondía por función, edad o situación de salud. Aunque tenían esos datos desde antes de que se conociera el vacunatorio VIP, ante el escándalo nacional, decidieron apurar las acciones judiciales que tenían previstas.

En tanto, en Entre Ríos se filtró una lista de inmunizados y la administracion local debió reconocer que la esposa del gobernador Gustavo Bordet, Mariel Ávila, gran parte del gabinete y hasta personal de servicio fueron inmunizados contra el Covid-19 antes de que finalice la etapa correspondiente al personal esencial y los grupos de riesgo. Mientras tanto, concejales de Juntos por el Cambio denunciaron privilegios por parte de funcionarios y personas vinculados al municipio de Gualeguaychú.

También en la Ciudad de Buenos Aires hay denuncias y pedidos de acceso a la información por supuestas irregularidades, aunque en el caso porteño las acusaciones son por haber presuntamente beneficiado a instituciones de salud privadas y a sus socios por encima de la población general. Desde el Frente de Todos sospechan que el gobierno de la Ciudad “privatiza la vacunación”, como remarcaron el senador Mariano Recalde y el legislador porteño Javier Andrade. Y el caso ya se judicializó. El fiscal federal Carlos Stornelli impulsó una investigación, y el juez Ariel Lijo ordenó un procedimiento que llevó a cabo la Gendarmería en el ministerio de Salud porteño, para obtener la documentación sobre el modo en que se repartieron las vacunas que fueron recibidas por la Ciudad. Desde el entorno de Horacio Rodríguez Larreta niegan que haya privilegios en la entrega de vacuna en el sistema de salud y aseguran que la oposición busca “politizar” el tema.


Mientras tanto, en La Pampa fue desplazado el intendente de la localidad de Alvear, Juan Cruz Barton, por recibir la vacuna Sputnik V sin autorización oficial, y el director del hospital donde se vacunó fue desplazado. El caso quedó en manos de la Fiscalía de Investigaciones Administrativas. Y el gobierno provincial, que conduce el peronista Sergio Zilliotto, se puso a disposición. El gobernador se había vacunado en diciembre, cuando llegaron las primeras dosis, públicamente, para dar un mensaje de confianza en la vacuna.

Una situación similar ocurre en la provincia de Buenos Aires, donde el senador provincial de Juntos por el Cambio, Juan Pablo Allan y la exfuncionaria de Seguridad en el gobierno de Mauricio Macri, Florencia Arietto, hicieron una presentación ante la Justicia contra el ministro de Salud, Daniel Gollán, y otros funcionarios, para que se investigue si hubo “incumplimiento de los deberes de funcionario público” y “malversación de caudales públicos”. Mientras tanto se realizaban denuncias similares en distintos municipios bonaerenses. El gobernador Axel Kicillof defendió su gestión, aunque admitió que “puede haberse vacunado algún colado” y marcó que este tipo de situaciones ocurren, también, “en el sector privado, cuando dejan pasar a alguien amiguismo”.

Según pudo saber Infobae, el gobernador podría anunciar el lunes, en su discurso del acto de apertura de un nuevo período de sesiones ordinarias de la Legislatura, que se impulse una ley para sancionar a aquellos que se vacunen contra el coronavirus de manera irregular.

Los mencionados son solo algunos de los casos de denuncias e investigaciones en las provincias. Al igual que en la Nación, en muchos puntos país no se delinearon cuáles son los parámetros exactos para que una persona se considere “esencial” y pueda acceder a la vacuna -como en el caso de los intendentes. Mientras que muchos funcionarios, y sus amigos y familiares, a quienes no les correspondía vacunarse, accedieron a inyectársela de forma irregular. Los casos afectan a los oficialismos y benefician a las oposiciones.

En el Gobierno creen que el brote de casos similares al nacional, más allá de que también afecte a gobernantes locales de su misma fuerza política, distribuye el peso de la indignación popular en varios hombros políticos. La influencia del caso de la vacunación irregular en la imagen del oficialismo nacional, de todas formas, solo se verá con claridad dentro de seis meses, cuando se celebren las elecciones de medio término, clave para los planes del Gobierno de cara a 2023.

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