Ordenan investigar aportes a las campañas de Mauricio Macri, Daniel Scioli y Sergio Massa

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La jueza María Servini debe produnfizar las pericias y podrian recibir sanciones para próximas

Empresarios que confiesan contribuciones, secretas e ilegales, para las campañas electorales. Aportantes, algunos casi indigentes, que figuran en los listados pero niegan haber puesto plata.

La jueza María Servini debe produnfizar las pericias y podrian recibir sanciones para próximas

Empresarios que confiesan contribuciones, secretas e ilegales, para las campañas electorales. Aportantes, algunos casi indigentes, que figuran en los listados pero niegan haber puesto plata.



 

Con esa lluvia ácida cayendo sobre el dinero político, la Justicia electoral jugó una carta brava: en una medida inédita, mandó a poner la lupa sobre la recaudación y los gastos de la última gran elección criolla, la presidencial del 2015.

 

Fueron cuatro fallos, casi calcados, en los que la Cámara Nacional Electoral (CNE), ordenó a la jueza Federal María Romilda Servini de Cubría que investigue de donde salieron y a donde fueron los fondos usados por los candidatos.

 

Servini, que por administrar la justicia electoral de Capital Federal manda sobre el proceso electoral de las presidenciales, desaprobó los informes de gastos y ingresos de Cambiemos, el FpV, UNA y Compromiso Federal.


Lo hizo luego de que el Cuerpo de Auditores de la CNE detectó inconsistencias en las presentaciones y, a partir de allí, dispuso penalidades: que los partidos integrantes de esas alianzas no podrán recibirán fondos públicos.

 

Pero la cámara, integrada por Alberto Dalla Via y Santiago Corcuera, fue más allá: indicó a la jueza que determine no solo las incongruencias sino, sobre todo, que investigue para "transparentar" el origen y destino de los fondos.


Las sentencias se enfocan, porque son los expedientes que quedaron bajo escrutinio del tribunal, en los gastos de campañas de Mauricio Macri, Daniel Scioli, Sergio Massa y Adolfo Rodríguez Saá.

En la general de 2015, Cambiemos declaró gastos por 92.810.707, el Frente para la Victoria (FPV) 54.628.659,  UNA 30.050.518 y Compromiso Federal 16.636.194.

 

La Cámara, a partir de las resoluciones de Servini, los informes de los auditores y las apelaciones de los partidos, pidió concentrarse en tres aspectos específicos:

 

Aportes Trucos. Luego de las denuncias sobre la existencia de aportantes truchos, y la constatación de los auditores de personas que figuran en los registros pero aportaron, la CNE ordenó que se haga una investigación exhaustiva para determinar la existencia o no de otros casos en los informes presentados por las cuatro alianzas electorales que participaron en la general del 2015: Cambiemos, el Frente para la Victoria, UNA y Compromiso Federal.

 

Gastos ocultos. A partir del trabajo del Cuerpo de Auditores, a partir de consultas con proveedores y de informes privados, se detectó que existieron gastos que no fueron declarados o que fueron declarados con fondos menores. Hubo, también, otra picardía: se incluyeron gastos fuera del período de campaña, lo que está prohibido por ley.

 

 Contribuciones camufladas. Los especialistas y peritos de la Cámara Nacional Electoral detectaron, además, la existencia de posibles "aportes" de empresas a través de empleados o directivos, un mecanismo que en el circuito político se considera habitual, y que es un atajo para gambetear la prohibición de que compañías de servicios y obras públicas, prestadoras del Estado o licenciatarias de Juegos de Azar.

 

En el ambiente judicial se interpretó la dureza del fallo, que "castiga" a Servini y da indicaciones a los demás jueces electorales, como una reacción ante la causa de los "aportantes truchos" de Cambiemos en la provincia de Buenos Aires y las esquirlas de la causa de "Los Cuadernos de Centeno", en la que varios empresarios dijeron que sus aportes eran para campañas electorales.

 

En la Cámara, sin embargo, evitaron hacer interpretaciones y pidieron ceñirse al texto de las sentencias. Así y todo, desde el tribunales se enfocan en las cuestiones de índole electoral sin plantear o pedir investigaciones de otro tipo.

 

La normativa impone sanciones a los partidos que integran la alianza electoral cuyo informe de campaña no es aprobado. Esa infracción conlleva que no puede recibir fondos públicos de la campaña por el monto de los fondos declarados en el informe que no pasó el filtro de los auditores.

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