Lifschitz le marcó la cancha a la Legislatura y vetó una decena de leyes exprés

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Entre las iniciativas rechazadas se cuentan desde la creación de escuelas a una reglamentación de la equinoterapia. No fue vetada la ley que modifica la orgánica del MPA y Servicio Público de la Defensa.

Entre las iniciativas rechazadas se cuentan desde la creación de escuelas a una reglamentación de la equinoterapia. No fue vetada la ley que modifica la orgánica del MPA y Servicio Público de la Defensa.

En el inicio del 2018 el gobernador de la provincia, Miguel Lifschitz, le sacó punta al lápiz y le marcó la cancha a la Legislatura provincial con 13 vetos a proyectos de ley sancionados de manera exprés dentro de un paquete de normas, en la sesión del 30 de noviembre pasado.
Ese día se aprobaron alrededor de 60 leyes en la Legislatura santafesina. Los proyectos se trataron sobre tablas, sin dictámenes de comisión, y así se sancionaron para ser elevados luego al poder Ejecutivo. Ese apuro fue consecuencia de acuerdos políticos en la legislatura entre los representantes de las distintas bancas en ambas cámaras.

Pero la celeridad y las urgencias de diputados y senadores no necesariamente son las del gobierno provincial, sobre todo cuando se trata de disponer o resignar recursos. Y fue por eso que el gobernador, tras una lectura exhaustiva de cada uno de los proyectos de ley sancionados con su gabinete, fue vetando las iniciativas que consideraban inadecuadas o con detalles por ajustar.
En la serie de iniciativas rechazadas por el mandatario (de manera total o parcial) hay proyectos de todo tipo: desde la creación de tres escuelas, a la reglamentación y el contralor de la equinoterapia en la provincia, pasando por una modificación a la ley de adopción, para acelerar ese procedimiento. Y algunos dan cuenta del estado de cosas dentro del partido de gobierno provincial, el socialismo.
Hay que destacar lo que no fue vetada una de las leyes más polémicas sancionadas el año pasado: es la que dispuso un cambió en la orgánica del Ministerio Público de la Acusación y del Servicio Público de la Defensa. Vale recordar que con la nueva normativa, la Legislatura puede remover defensores y fiscales.
Para muchos, esa ley implica terminar con el espíritu original que condujo a la reforma judicial en la provincia.
(1) Jubilaciones
Uno de los decretos de veto en cuestión, el último en hacerse público, apareció este martes en el Boletín Oficial de la provincia. Lleva la firma de Lifschitz y del ministro de Gobierno, Pablo Farías, y apunta contra una iniciativa que se originó en sus compañeros de partido, nada más y nada menos que el actual presidente de la Cámara de Diputados de la provincia y exgobernador Antonio Bonfatti y el diputado (y exministro de Gobierno) Rubén Galassi.
Es decir que más allá de las fotos difundidas este fin de semana en un encuentro de la Juventud Socialista en Cosquín, las conocidas diferencias entre Bonfatti y Lifschitz siguen presentes. En este caso se manifiestan con un veto.
La norma en cuestión es la modificación a la ley 6915 de jubilaciones y pensiones de los estatales provinciales, que apunta a simplificar y agilizar los procedimientos y trámites administrativos que debe realizar todo jubilado o pensionado para obtener el reajuste o la redeterminación de haberes.

A mediados de 2017, Bonfatti había expuesto que con esa iniciativa "si las solicitudes de los jubilados son rechazadas, podrán optar impugnar la decisión de la Caja de Jubilaciones en sede judicial sin tener que realizar los trámites administrativos exigidos al día de hoy".
"Estadísticamente los recursos administrativos son rechazados en más del 95 por ciento de los casos, resultando inútil el tránsito por esa vía, además de engorroso y extendido en el tiempo, porque demanda muchos años", había explicado Bonfatti.
Galassi, por su parte, había dicho que este tipo de reclamos tiene que ver en la mayoría de los casos en cómo se liquidó la jubilación de quien reclama. "Lo real es que es un trámite administrativo muy extenso que, por lo general, una vez que se dictamina, termina judicializándose. Lo que hicimos es eliminar la obligatoriedad de que una vez que la Caja de Jubilaciones rechaza un reclamo, durante 15 días el jubilado tenga la opción de ir directamente a la Justicia. Es un trámite sencillo, pero con una gran trascendencia evita la burocracia y la pérdida de tiempo".
En el veto conocido hoy martes, que es total, Lifschitz y Farías cuestionan que la ley aprobada "importa un avance sobre las atribuciones constitucionales del Poder Ejecutivo por parte del Poder Legislativo y de esta forma se traduce en una verdadera intromisión en su esfera de competencias constitucionales, en tanto el artículo 72 inciso 18 de la Constitución provincial dispone que es atribución del gobernador de la provincia como autoridad máxima de la Administración Pública, resolver los recursos administrativos que se deduzcan contra sus propios actos, los de sus inferiores jerárquicos y entidades autárquicas de la Administración provincial".
En otro párrafo de la argumentación, el Ejecutivo critica que "la normativa reduce la facultad constitucional del gobernador e invierte la pirámide jerárquica" y "establece una limitación en cuanto a la materia en las cuales puede el Ejecutivo, a través del máximo órgano asesor de la provincia, ejercer su atribución para resolver los recursos administrativos".
(2) Adopciones
Otro de los vetos fue a los cambios que modificaban el Registro Único Provincial de Aspirantes a Guarda con Fines Adoptivos (Ruaga). La norma sancionada por unanimidad en ambas Cámaras modificaba el artículo 15º de la ley Nº 13.093, y disponía que "el magistrado que haya declarado la situación de adoptabilidad de una niña, niño o adolescente, tendrá acceso en forma directa al Registro Único de Aspirantes a Guarda con Fines Adoptivos perteneciente a su delegación".
"En caso de que no hubiere inscriptos, deberá requerir los registros de otras delegaciones", añadía el texto de la ley propuesta por el senador peronista del departamento San Lorenzo, Armando Traferri. Y agregaba: "La copia certificada de la nómina de aspirantes deberá ser entregada al juez competente dentro del plazo máximo de tres (3) días corridos de efectuado el requerimiento. El incumplimiento será considerado falta grave y hará pasible en su caso, de las responsabilidades civiles y penales a que hubiere lugar". Y además: "Sin perjuicio de lo dispuesto precedentemente, el registro comunicará trimestralmente las nóminas de aspirantes a todos los juzgados en la materia".

En el decreto de veto total que firman Lifschitz, Farías y el ministro de Justicia, Ricardo Silberstein, se indica que "resulta oportuno señalar que el párrafo primero del artículo 15° de la ley N° 13.093 –tanto en su redacción original como en la propuesta en el proyecto de ley que motiva el presente– no se compadece con los artículos del Código Civil y Comercial precitados dado que el juez no elige de la totalidad de los integrantes de la nómina sino solo de los que manda el Registro Único de Aspirantes a Guarda con Fines Adoptivos preseleccionados, en los casos que corresponda en forma conjunta con otras reparticiones con competencia en materia de niñez".
Y recomienda que "para realizar una modificación en la normativa vinculada al Registro Único de Aspirantes a Guarda con Fines Adoptivos en la provincia, es necesario tener particularmente en cuenta las disposiciones vinculadas a la materia incluidas en el referido Código Civil y Comercial de la Nación".
(3) Adicciones
Los vetos son del 28 de diciembre del año pasado, aunque recién fueron publicados en los primeros días de enero en el Boletín Oficial. Uno de ellos es el referido a la creación de 19 centros provinciales de prevención, tratamiento y recuperación para personas vinculadas a situaciones de consumos problemáticos. Era una iniciativa del senador del departamento Caseros, Eduardo Rosconi (PJ), que disponía que cada cabecera departamental contara con un centro dependiente del Ministerio de Salud para atender adicciones y consumos problemáticos como el alcohol.
Además de cuestionamientos a la operatividad real de esa norma, el gobernador en su decreto cuestiona la perspectiva desde la cual se aborda el tema. En un párrafo de la argumentación, el decreto señala que se "observa que el objetivo en sí mismo de los centros en la terminología utilizada (rehabilitación) no concuerda con los principios de enfoque de derechos humanos que obliga la normativa". Y agrega: "En el articulado de la norma se utiliza la terminología «patología», no correspondiéndose con la utilizada en la normativa nacional e internacional en el campo de la salud mental, derivando a una mirada centrada en el saber médico, cuando el perfil, inclusive indicado en el propio texto, se remite a los consumos de sustancias como un fenómeno social complejo, por lo cual se debe intervenir desde diversos saberes y prácticas".
(4) Acoso escolar
También el 28 de diciembre y publicado en enero como los anteriores, el gobernador junto con el ministro de Gobierno, Pablo Farías, y la ministra de Educación, Claudia Balagué, firmaron el veto parcial a un proyecto de ley impulsado por la senadora peronista Cristina Berra (San Martín) para erradicar el acoso escolar que proponía al Ministerio de Educación como autoridad de aplicación de la norma y la incorporación en la currícula de los institutos de formación docente, una materia sobre acoso. El texto impulsado por Berra y sancionado en la Legislatura fue analizado por la Dirección Provincial de Desarrollo Curricular y Relaciones Académicas del Ministerio de Educación, que concluyó que resulta "ambiguo" crear una materia específica sobre acoso, cuando en realidad ese tema debe atravesar la currícula en general, aunque advierte que "no es el diseño curricular el garante de la buena formación docente sino que son las condiciones institucionales, en sentido amplio, las que permiten una buena formación inicial".
(5) Emergencia hídrica
Los vetos siguieron el Día de los Inocentes. Hay uno parcial a la declaración de emergencia hídrica para el departamento General López, impulsado por el senador radical de ese departamento, Lisandro Enrico. El gobierno provincial propone modificar dos artículos de esa ley, por un lado para circunscribir el beneficio a los productores en lo vinculado a los impuestos inmobiliario y de patente para vehículos utilizados en la actividad agropecuaria (y no ampliarlo al resto de los tributos) y por otro lado, para que la ayuda sea solo para los productores, no para contratistas.
(6, 7 y 8) Escuelas
Por otra parte, también el último jueves de 2017, Lifschitz, Farías y Balagué rechazaron en tres decretos los proyectos de ley que establecían la creación de sendas escuelas en el interior de la provincia: una de nivel medio en Ramayón, departamento San Justo; otra en Cayastacito, del mismo departamento, y una tercera en Ricardo, departamento San Lorenzo.
En los tres casos, el Ministerio de Educación provincial no consideró necesario crear esos establecimientos educativos y por tal razón fueron vetadas totalmente las tres iniciativas.
(9, 10, 11) EPE, multas y equinoterapia
El 28 de diciembre, la baja de los proyectos legislativos siguió. Otro de los vetados fue la donación de un terreno supuestamente desocupado de la EPE en San Carlos a una asociación civil llamada Tacurú, con el difuso objetivo de "realizar actividades socioculturales y comunitarias de interés público". La EPE evaluó esta norma y dictaminó que era de imposible aplicación porque el terreno en cuestión se encuentra destinado a acopio de materiales. La argumentación de la empresa eléctrica provincial le bajó el pulgar a la iniciativa del senador Pirola, de Las Colonias.
Otro proyecto del senador Enrico está entre los vetados por Lifschitz. Se trata del que hubiese rebajado en un 75% las multas de tránsito en la provincia. Por lo tanto, su valor sigue atado a la evolución del precio de los combustibles.
El decreto N° 4173 de veto total, publicado el viernes pasado en el Boletín Oficial de la provincia cuestiona el criterio que se impuso en el Senado, que aprobó por unanimidad el proyecto de ley del radical Enrico para buscar un valor "más racional" para las infracciones.
Para el Ejecutivo provincial es menester no perder el poder punitivo de las sanciones, lo que implica mayores posibilidades de prevención, según consideran.
El gobierno provincial tampoco dio el visto bueno a los cambios en las edades para renovar el carné de conducir, para beneficiar a los adultos mayores, porque el cambio propuesto se contradice con lo dispuesto a nivel nacional para la nueva licencia que se otorga en todo el país.
Por otra parte, la senadora Berra fue autora de otro proyecto, sancionado por la Legislatura, que no pasó el filtro del Ejecutivo. Se trata de una iniciativa que buscaba "regular la equinoterapia como actividad terapéutica de habilitación y rehabilitación para personas con discapacidad en sus diferentes problemáticas" y que Iapos la incluya en sus prestaciones.
En este caso se trató de un veto parcial pero muy significativo, ya que en total son 11 los artículos rechazados y sobre los cuales se proponen modificaciones que serán giradas a la Legislatura. El decreto de veto, que lleva la firma de Lifschitz y Farías, señala que "actualmente no existe evidencia científica suficiente que indique que la llamada equinoterapia comporte una terapia eficaz para el tratamiento de discapacidades". De todos modos, "se considera acertado establecer una reglamentación y control sobre la misma y, en tal sentido, resulta más atinado determinar un órgano de control –y no de aplicación–, el que no debe estar en cabeza únicamente del Ministerio de Salud, debiendo intervenir otras jurisdicciones, tales como los ministerios de Producción, Desarrollo Social, Seguridad, Educación, Trabajo y Seguridad Social, entre otros". El gobierno considera que la equinoterapia "debe entenderse como complementario de otros tratamientos, sin ser sustitutivo de los mismos" y que "en tal orientación, se entiende oportuno establecer que el Ministerio de Salud determine, en base a la evidencia científica que dé cuenta de la efectividad de la actividad ecuestre en el tratamiento de las personas con discapacidad, su incorporación como prestación, tanto en el sector público de salud, como en el Instituto Autárquico Provincial de Obra Social (Iapos) y las cajas profesionales que desarrollen actividades en la provincia". Es decir, no cierra la puerta a que Iapos incluya esta prestación, pero antes exige evidencia científica.
(12) Expropiación de terrenos
El decreto N° 4171 es el veto parcial a la ley impulsada por el senador peronista Rubén Pirola (Las Colonias) que preveía, entre otros puntos, "se declare genéricamente de interés general y sujetos a expropiación los terrenos aptos para la construcción de viviendas y/o planes habitacionales, de acuerdo a los convenios que en ese sentido suscriban el Poder Ejecutivo con los municipios y comunas" y disponía "la instalación de servicios esenciales y la compra o expropiación de terrenos se debe afectar anualmente hasta el veinte por ciento (20%) del total de los recursos ejecutados en el ejercicio anterior del Fondo Federal Solidario".
El decreto de Lifschitz, que modifica los artículos que estipulan lo antes mencionado y propone un texto alternativo remitido a la Legislatura, advierte que el proyecto de Pirola "se contrapone a lo estatuido por el decreto nacional N° 206/2009, el cual crea el Fondo Federal Solidario, y que en su artículo 4° se establece que: «Las provincias que expresen su adhesión a esta medida y que, en consecuencia, resulten beneficiarias del fondo, deberán establecer un régimen de reparto automático que derive a sus municipios las sumas correspondientes, en proporción semejante a lo que les destina de la coparticipación federal de impuestos»". Y critica que "no escapa que este Poder Ejecutivo pueda realizar un análisis de oportunidad, mérito y conveniencia del proyecto de ley, advirtiendo en tal sentido que no aparecen suficientemente valoradas las cuestiones presupuestarias, de organización administrativa y económicas".
13) Sin incremento para Ciencia y Tecnología
Finalmente se supo hoy martes que el gobierno provincial vetó de forma parcial otro proyecto impulsado por Bonfatti. Se trata del que proponía aumentar en forma sostenida el presupuesto provincial para que en 2021 llegue a cubrir estas disciplinas con al menos el 0,50 por ciento del total.
El Ejecutivo entiende que los incrementos propuestos por la Legislatura implican incremento del gasto que las arcas provinciales no pueden comprometer.

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