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Edificio de 9 de Julio y Suipacha: millonaria fianza para los abogados que fueron imputados

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Esta semana el Ministerio Público de la Acusación imputó y detuvo por maniobras ilegales a cinco hombres. Señalaron que se organizaron para quedarse con el inmueble. Este viernes dos letrados y dos changarines quedaron en libertad ante un acuerdo de medidas alternativas. A Bardina le otorgaron la prisión preventiva domiciliaria.

Esta semana el Ministerio Público de la Acusación imputó y detuvo por maniobras ilegales a cinco hombres. Señalaron que se organizaron para quedarse con el inmueble. Este viernes dos letrados y dos changarines quedaron en libertad ante un acuerdo de medidas alternativas. A Bardina le otorgaron la prisión preventiva domiciliaria.








Desde el miércoles pasado está detenido desde el Mario Bardina, que fue imputado este martes por los delitos de asociación ilícita en carácter de organizador, estafa procesal y usurpación con el fin de quedarse con el edificio sin terminar de 9 de Julio y Suipacha.

Por los mismos delitos, con la diferencia de ser miembros de la banda y no organizadores, se imputó también a dos abogados Cristian B. y Gustavo D. R. y a dos changarines C. C. y P. A. P. Todos quedaron en prisión preventiva hasta hoy, y los últimos cuatro fueron detenidos el lunes.

Este viernes a las 8.45 comenzó la audiencia de medidas cautelares donde se revisó la prisión preventiva de cada uno. El juez José García Troiano decidió que esta instancia no sea pública por la cantidad de gente que había en la sala. Cerca de las 10 hubo un cuarto intermedio donde se retiró Alejandro Otte, el representante legal de los abogados Cristian B. y Gustavo D. R.. A UNO Santa Fe le dijo sobre lo que se definió en la audiencia: "Se llegó a un acuerdo con las fiscalía sobre unas medidas alternativas, para los abogados que estaban implicados en la causa con una fianza que se consideró adecuada de un millón y medio de pesos cada uno. Lógicamente con la previsión de acercarse a quienes se manifiestan como víctimas y del edificio famoso de Suipacha y 9 de Julio de la ciudad de Santa Fe. La fiscalía entendió que estas medidas son suficientes para que sigan sujetos al proceso pero en libertad".

En representación del Ministerio Público de la Acusación (MPA), las fiscales María Gabriela Arri y María Lucila Nuzzo, y los defensores de Bardina que son César Cello y Juan Marcelo Lógica. Estuvo también el defensor público Sebastián Moleón en representación de los changarines C. S. y P. A. P que se retiró en la primera parte de la audiencia junto con Otte.

"El juez dio por acreditados los delitos de asociación ilícita y usurpación del edificio de 9 de Julio y Suipacha. No tuvo por acreditado el delito de estafa procesal en grado de tentativa que le habíamos atribuido. En esta causa tenemos imputadas cinco personas, de las cuales cuatro han recuperado la libertad bajo alternativas. Y dos de ellos — los abogados— con una caución de un millón y medio de pesos cada uno", expresaron las fiscales sobre la audiencia de este viernes. A Bardina le otorgaron la prisión preventiva domiciliaria. Cabe destacar que el hombre cuenta con una prisión preventiva anterior que está cumpliendo en este momento.



Trama criminal

Cabe recordar que Bardina convocó a distintos medios este 4 de febrero para anunciar que después de 27 años, el edificio Sol III ubicado en Suipacha 2792, iba a retomar la construcción. En el lugar había por lo menos seis albañiles y trabajadores de la construcción que se encontraban limpiando la abandonada obra. Se presentó como el apoderado legal y dueño del 70 por ciento del inmueble. “Tengo la posesión desde 1997 con boletos de compraventa”, dijo a UNO en esa ocasión. En esa oportunidad también posó frente a las cámaras con el edificio detrás.


En la última audiencia, la del martes, Bardina le dijo a UNO Santa Fe al retirarse de la sala entre risas: "Viste, te dije que iban a aparecer muchos dueños". Efectivamente, eso fue lo que había advertido el 4 de febrero. Que seguramente aparecerían otros "supuestos propietarios" pero que eso no le preocupaba porque "tengo todos los papeles". Cambió los cercos de obra y explicó que lo hizo a través de un canje con una empresa publicitaria; pero hoy, no todas las planchas nuevas tienen cartel.

Aseguró que por un trato con dos empresas constructoras, se arrancaría con la reedificación en dos meses. Invitó a ingresar a medios locales y hasta a un equipo de fotografía comercial con modelos. A los días lo detuvieron y hoy es señalado por la fiscalía como la cabeza de una trama delictiva para quedarse con el edificio.


Arri y Nuzzo dijeron este martes a UNO: "A criterio de la fiscalía hubo una asociación ilícita de estas cinco personas que se reunieron desde 2018 con el objeto de apoderarse ilegítimamente del inmueble, simulando ser dueños a sabiendas de que no lo son. Para ello se valieron de varias maniobras y creemos contar con evidencias suficientes para acreditarlas, pero en ultima instancia serán los jueces quienes decidan. Hoy hicimos la atribución imputativa para los cinco detenidos que tiene esta causa. En la audiencia de prisión preventiva, que será el viernes, profundizaremos los hechos. De lo investigado surgen varios hechos independientes que se encuentran íntimamente vinculados, uno de ellos es una acción jurisdiccional".

En cuanto a los damnificados, las fiscales identificaron que son el abogado Horacio Crespo y su familia, y la abogada Liliana Cosentino. El primero adquirió la mitad del edificio en una subasta judicial en 2005, y la segunda lo hizo de la misma manera pero en 2009. Al ser consultadas las fiscales por este medio sobre si está claro quiénes son los dueños del inmueble, Nuzzo respondió: "Según lo que entendemos y lo que nos informa el Registro de la Propiedad, sí, los dueños son los Crespo y Cosentino".

En la audiencia del martes las fiscales describieron que Bardina les vendió a Cristian B. y Gustavo D. R. dos unidades habitacionales del edificio en julio del 2018 con boletos de compraventa inválidos. De la misma forma, se intentó quedar él mismo con una serie de unidades. Esta situación habría permitido a los letrados iniciar un juicio de escrituración contra los primeros dueños del edificio en el Juzgado Civil y Comercial de la Segunda Nominación de Santa Fe. En esa demanda los tres se presentaron como los propietarios "para así inducir al error al juez que atendió el pleito judicial” y quedarse con el inmueble, dijeron las fiscales. Sin embargo el juez Troiano no dio lugar a este última teoría.

"Las maniobras están a la vista. La fiscalía, desde el primer momento de la denuncia colectó la evidencia que en principio era una mera usurpación, y después con el avance de la investigación se pudo ver que era más compleja, se solicitó allanamientos al Colegio de Jueces, se logró secuestrar documental y avalamos que eran maniobras con instrumentos públicos y privados, que eran parte de este ardid y engaño para cometer actos ilícitos y en definitiva apoderarse del inmueble para su explotación comercial. Incluso lo hizo público uno de los imputados. No comenzaron a construir pero sí tomaron posesión con violencia, que es un delito en flagrancia", agregó Arri.
Antecedentes

Mario Bardina estuvo preso varias veces por diferentes delitos durante las últimas dos décadas. En 2001 fue uno de los protagonistas del primer fallo condenatorio dictado en el país por evasión fiscal. Según informaron ese año los diarios La Capital y La Nación, estuvo detenido en la cárcel de Las Flores desde 1999 hasta que el Tribunal Oral Federal de Santa Fe, integrado por los jueces José Escobar Cello, Rodolfo Hintermeister y Ramiro Puyol, lo declaró culpable y lo condenó a cinco años de prisión por los delitos de evasión simple y evasión agravada por la utilización de interpósitas personas. Bardina y Héctor Huguenet –el otro condenado– eran operadores en el mercado comercializador de granos y habían efectuado diversas ventas de cereales entre 1994 y 1998, pero no las ingresaban al fisco en concepto de IVA. Se calculó que evadieron casi dos millones de dólares en esa época. Hasta ese momento Bardina se había destacado como un importante corredor de cereales y se lo conocía en el ambiente como un “hábil negociador”. Salió en libertad condicional en 2002 y cumplió esa condena.
Mario Bardina, delante del edificio Sol III.

Mario Bardina, delante del edificio Sol III.

En 2009 la Justicia lo procesó, lo detuvo y luego condenó por el delito de “privación de la libertad coaccionante”, es decir: secuestro, en los casos de los empresarios Salvador Marcelo Boscarino y Jorge Saccone. Después apeló, hubo idas y vueltas judiciales en las que quedó en libertad. Pero en 2016 le dieron 11 años de prisión y en 2018 la Cámara de Apelaciones confirmó la condena. También tuvo varias denuncias por usurpación y estafas de las que salió siempre ileso y en algunas fue sobreseído. El abogado Daniel Bocco, que fue su defensor, lo denunció en 2009 por “amenaza de muerte”. En varios medios santafesinos y nacionales señalan que la primera vez que cayó preso fue en 1996 al ser imputado por el delito de “privación ilegítima de la libertad” por el Juzgado de Instrucción Tercera y al poco tiempo quedó libre bajo fianza. También fue detenido en 2004 por una causa en la Justicia Correccional de Tostado “por usurpación”.

Valeria Caggiano estaba casada con Bardina. El 26 de noviembre del 2008 la encontraron asesinada de 15 puñaladas en la cochera en la que dejaba su auto, ubicada en 1º de Mayo al 1000 en barrio Sur de la ciudad de Santa Fe. Tenía 38 años. Él nunca llegó a ser imputado. En el marco del caso lo allanaron y quedó detenido por tenencia de armas de fuego con documentación irregular pero no por el caso. En ese momento, agrupaciones de mujeres –La Verdecita, Cepsgen y Las Diversas– junto con concejales y autoridades del Inadi de esa época apuntaron desde un principio el caso como un femicidio y señalaron a Bardina como el culpable.

Advirtieron que Valeria tenía varias denuncias contra él por violencia y que había al menos cuatro mujeres más que también lo habían denunciado. Incluso se supo con los años que Valeria le había iniciado dos juicios: uno por alimentos (por una hija en común), y otra en la que habría solicitado una división de bienes. Se especuló también con ahorros en dólares, plazos fijos en el exterior y propiedades en común como motivación del crimen pero nunca se probó nada, ni hubo imputados o detenidos por el hecho. Los jueces y fiscales del caso cambiaron varias veces en los últimos 13 años. El asesinato quedó, hasta hoy, impune.
El edificio

Durante tres semanas de fines de 1994 la ciudad de Santa Fe sufrió la peor cara del calor y la oscuridad de su historia. La Empresa Provincial de la Energía (EPE), que por esos tiempos veía como inminente la privatización, tuvo una falla el 20 de noviembre en el cable OF en Suipacha y 9 de Julio que dejó sin electricidad a casi toda la capital provincial. El desgaste de un servicio precario hasta ese momento con permanentes cortes en el servicio no provocó masivas movilizaciones en las calles para reclamar, pero sí dejó una marca imborrable en la memoria santafesina.

Entre muchos otros sucesos causados por intermitentes suspensiones en el servicio, largas horas, por casi un mes, ocurrió que la construcción del Edificio Sol III se detuvo para siempre. La EPE –cuyo presidente era Antonio Caro– responsabilizó a la empresa constructora de Eduardo y María Cristina Poux de la destrucción del cable OF por el edificio de once pisos que se estaba levantando en esa esquina céntrica. Después de siete años de litigio, los Poux resultaron absueltos por la Corte Suprema de Justicia de Santa Fe y demandaron a la EPE por 13 millones de pesos en 2003. Nunca se supo la razón real de cómo el cable OF se salió de servicio. Al ser consultado por UNO Santa Fe sobre en qué quedó esta situación judicial, Poux se negó a confirmar si hubo o no una resolución a esa última demanda y también a hablar de esa construcción en la actualidad en general. “Hace 15 años que no tengo nada que ver con ese edificio, es un tema del pasado”, dijo y señaló a quien salió en los medios locales a anunciar su reconstrucción como “delincuente”, sin dar más argumentos.

El 4 de febrero el abogado Horacio Crespo denunció a Bardina por usurpación del edificio de 9 de Julio y Suipacha. En diálogo con UNO explicó que él adquirió la mitad del edificio en una subasta judicial en 2005. “Más legal no pueden ser los papeles que tenemos porque se hizo todo a través del Poder Judicial”, sostiene Crespo que en coincidencia con Poux cataloga a Bardina como “delincuente”.
El edificio Sol III tiene una larga y oscura historia.

El edificio Sol III tiene una larga y oscura historia.

Liliana Cosentino contó a UNO Santa Fe que es la dueña del otro 50 por ciento del Sol III y que adquirió la mitad del inmueble en 2009 en una subasta judicial. A este medio le dijo: “Lo remató el banco Suquía, que es donde compraron también los Crespo. Ese año fui a la subasta, pregunté cómo estaba el expediente y me explicaron que quien compraba lo hacía libre de deudas. No había ningún inconveniente, como abogada ya lo sabía que comprando así se purgan todas las deudas. Fui la mejor oferente y se me adjudicó el inmueble. Se pagó, se aprobó la subasta y se comunicó al Registro de la Propiedad para que los acreedores de Poux no afectaran el inmueble. Y después me enteré que Crespo hizo lo mismo. Es decir que cualquiera que se sienta con derechos contra Poux tendría que ir contra él y no contra el edificio porque se subastó”.

“Pagamos estos años absolutamente todos los impuestos que son carísimos: agua, API, TGI. Nunca lo abandonamos, estamos con la posesión efectiva del inmueble, con todo pagado. Estábamos viendo qué íbamos a hacer, si terminarlo nosotros o con alguna empresa pero nos agarró la pandemia. Ahora, sorpresivamente nos encontramos con este hombre que es un usurpador, no tiene ningún elemento. Dice que él le compró a Poux, pero el edificio se subastó”, agregó Cosentino.

Al ser consultados por las escrituras, Crespo respondió que está “todo legal” y Cosentino explicó: “Puedo hacer la escritura ahora o dentro de cinco años, porque la subasta certificada equivale a una escritura. El registro es solo para publicidad para terceros. Por eso el juez notifica que aprobada y pagada la subasta, los impuestos, el registro tome conocimiento que quedó desapoderado Poux, no se puede desconocer que ya no es de Poux”.

Además, Cosentino observó: “Y está cometiendo otro delito que es el de vaciar de materiales el edificio. Saca perfiles, puertas y carga en camiones y se lo lleva. Otra cosa ridícula que dijo es que tiene posesión hace 20 años, ¿por qué rompió todo el cerco para entrar? También afirmó que no hay planos y que está regularizando, pero la subasta se hizo con los planos. Los tengo yo. Como abogada de 40 años de profesión creo que deberían haber desalojado el edificio rápidamente, sin importar si sabían o no quiénes son los dueños. Hay que desocupar rápido para evitar daños y después ver los papeles. Están poniendo en riesgo al vecindario con esta persona”.

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